A los dos lados de la ley

A mediados del pasado mes de diciembre, el desmantelamiento de la UCIFA incluyó el arresto de un teniente coronel y un comandante, a la vez que era destituido de forma fulminante el máximo responsable de la unidad, el coronel Rafael Garabito Gómez.Los testimonios ante el juez Garzón de los guardias arrepentidos Vicente Domínguez Serrano y Doroteo García Porras van a ser el hilo que le sirve al magistrado para intentar desenrollar un ovillo, en el que empiezan saliendo pagos con droga a confidentes y en el que terminan señalándose otras circunstancias, como la organización de entrada de droga en España, las incautaciones de armas y otros objetos que no se reflejan en los atestados, o la colocación de drogas en coches de personas para provocar su detención.

La investigación recoge hechos que abarcan desde 1988 hasta bien entrado 1991. En la primera fecha, y hasta agosto de 1990, la UCIFA está al mando del coronel Arsenio Ayuso, y como segundo aparece el teniente coronel Francisco Quintero .Ya en 1988, la investigación, basándose en los testimonios del guardia Gómez Porras, cita una operación en la que se les pierde el rastro a 38 kilos de cocaína, de un total de 600, y que se prepara -siempre según el testimonio del guardia Gómez Porras- en una reunión que tiene lugar en la jefatura del Servicio Fiscal y a la que asisten el confidente Bartolomé Albons Monserrat, el coronel Ayuso y el teniente coronel Quintero. La operación se lleva a cabo en la localidad barcelonesa de Vilanova i la Geltrú: la cantidad aprehendida finalmente es de 562 kilos.

"Esos 38 kilos que en teoría faltan, ¿qué pasó con ellos?", pregunta el juez Garzón a Gómez. Porras en el interrogatorio al que le somete el 12 de diciembre pasado.

El guardia le responde -"rumores, yo le hablo de rumores..."- que al confidente Albons se le habían prometido 10 millones de pesetas por el soplo que permitió llevar a cabo la operación y que, como no se le pagaron, recibió la indicación de que se cobrase "como él pudiera". La conversación continúa así:

Gómez Porras. Yo también sé que a Albons se le había prometido aquí, el coronel Ayuso, creo que se le prometieron 10 millones de pesetas y no se le pagaron.

Juez. ¿Se le pagó parte?

G. P. Sí, se le pagó una parte, creo.

- J. ¿Con eso quiere usted significar que se le pagó una parte en sustancia? .

G. P. Sí, sí, posiblemente.

En este caso, el guardia Gómez Porras, uno de los personajes clave de la trama, habla sólo de rumores. Pero, ¿actuaciones como éstas eran posibles o incluso frecuentes en la UCIFA?

El 22 de diciembre pasado comparece ante Garzón el teniente coronel Francisco Quintero Sanjuán, detenido por orden del juez a mediados de diciembre. Es el jefe de la Guardia Civil con más alta graduación incurso en las actuaciones y en su declaración se recogen, entre otros, los siguientes extremos:

"Preguntado para que manifieste todo aquello que sepa so bre una operación que se llevó a cabo el 14 de noviembre de 1989 en la que se aprehendieron 44 kilos de heroína ( ... ) y en la que se detrajeron dos kilogramos, los cuales se llevó un confidente, contesta que efectivamente". En la diligencia judicial queda reco gido pormenorizadarnente el de sarrollo de la operación en la que Quintero Sanjuán admite que dejó ir al confidente "sabiendo que llevaba esos dos kilogramos de heroína". "En ese momento", continúa el documento incluido en el sumario, "no pensó que tal hecho pudiera tener carácter de lictivo y sí que se había conseguido una aprehensión importante. ( ... ) Preguntado por qué razón se le dejó marchar con los dos ki logramos de heroína, manifiesta que entiende que el desarrollo de los acontecimientos no debía haber sido el que fue y que como compró la droga el confidente se le dejó marchar".

Otro episodio especialmente significativo del pago con droga a confidentes se recoge también en la declaración judicial del teniente coronel Quintero y tiene como origen una operación de 32 kilos de cocaína llevada a cabo en Lloret de Mar (Gerona) en mayo de 1990. El teniente coronel admite cómo autorizó pagos con drogas a los confidentes conocidos como Los Hermanos Dalton, "que tenían posibilidad de dar un servicio de 500 kilogramos de cocaína que ya estaban en España". El abogado de algunos de los guardias, Emilio Rodríguez Menéndez, cita a este respecto que la importación de los 500 kilos de cocaína -finalmente la cantidad se redujo a unos 30- la prepararon Los Dalton desde el despacho del propio coronel Ayuso.

"Una vez hecha la operacion [en Lloret de Mar]", continúa la declaración de Quintero, "Doroteo Gómez Porras le llamó por teléfono [a Quintero] informándole que se había hecho maravillosamente bien ( ... ) y añadiéndole 'que esos señores' quieren cobrar'. Ante lo cual, el declarante le dijo que no había dinero, insistiendo el guardia Gómez Porras en que si no cobraban no había 500 kilogramos. Vista la situación, el declarante ordenó que se extrajera un kilogramo de cocaína para hacerlo llegar a los confidentes". El pago se realiza unos días más tarde y se completaría, en otras fechas, con otros cinco kilogramos.

Y es que la falta de dinero y de medios en la UCIFA es uno de los temas recurrentes en las declaraciones sumariales. Es de nuevo la declaración del guardia Gómez Porras: "Por otra parte, Los Dalton le confesaron al declarante que el coronel Ayuso les había dado carta blanca para que pudieran llevarse en cada una de las operaciones lo que pudieran de droga, ya que la unidad estaba mal de dinero para pagar su colaboración".

En los documentos recogidos en la investigación judicial, menudean operaciones como las descritas. Pero es a partir de mediados de 1990, con la entrada, en escena del confidente Ramón de Temple, cuando las actividades presuntamente delictivas de la UCIFA dan un salto cualitativo se, empiezan a organizar operaciones de entrada de droga en España a fin de detener a rede de narcotraficantes del interior del país. Aquí, un testimonio clave, recogido en el sumario, es el del comandante José Ramón Pindado Martínez, tercero en jerarquía militar dentro de la UCI FA, después del coronel Garabito -que ha sustituido a Ayuso- y del teniente coronel Quintero.

Pindado, que lo niega todo, tiene mucho que ver en dos operaciones que se realizan en abril de 1991 en Madrid. Ésta es una de ellas, tal y como se recoge en el documento sobre su interrogatorio, que redacta el secretario Judicial, y él ratifica: "Preguntado por la operación que se llevó a cabo en los apartamentos de la calle Galileo, relativa a una importación de unos 30 kilos de cocaína, si se produjo alguna detracción, en concreto de tres kilogramos dé cocaína para el señor De Temple por orden o con autorización del declarante, contesta que en ningún momento dio esa orden ni autorizó esa detracción". Pindado insiste en que sólo al destaparse la investigacion judicial tuvo conocimiento, de lo que había pasado.

Como en otros muchos puntos, el testimonio de Pindado es contradicho por otros de los interrogados por Garzón. En este caso es su subordinado el capitán Jesús Narciso Núñez Calvo, que relata cómo toda la operación estuvo diseñada por el confidente "con la aquiescencia" en todos sus puntos de Pindado.

En cualquier caso, esta historia tiene un final más que revelador. La droga se introduce en España. Pero la entrega vigilada preparada presuntamente por Pindado para desarticular una red de narcotraficantes no se llega a producir nunca. La razón: los supuestos compradores no aparecen, circunstancia que se repite en otras ocasiones.

El testimonio del capitán Núñez, que había sido reclamado

para la UCIFA por el propio Pindado, revela la opinión que le merecen las prácticas en las que, supuestamente, Incurren Pindado y De Temple. Refiriéndose a la operación de la calle de Galileo, Garzón pregunta al capitán: "¿Usted en ese momento sabía que podía tratarse de una importación pura y simple de cocaína para detener exclusivamente a la persona que traía la maleta y al supuesto comprador?".

Núñez responde: "En ningún momento, porque para mí eso hubiera sido una provocación al delito clarísima; o sea, decir que vengan drogas para coger al pobre desgraciado que la trae, para mí eso es una burrada".

La conversación continúa así: Juez. Pero realmente ocurre así...

Núñez. Yo ahora, señoría, no pongo la mano en el fuego por nada.

J. Todas estas operaciones se hicieron por orden del responsable del servicio, supongo.

N. Sí, el comandante Pindado...

El capitán Núñez llega a ser aún más rotundo en otro momento de su declaración: "Señoría, yo pienso que se ha utilizado a guardias civiles, y entre ellos me meto yo, que me he sentido engañado, porque para coger al pobre desgraciado que va con la maletita para coger mercancía eso no da lo mismo., señoría; yo siempre he dicho que hay que coger infraestructuras, empresas, cuentas, gentes".

Si de la comercialización en el mercado negro de las cantidades de droga que se abonaban como premio se beneficiaban los guardias civiles de la UCIFA que más en contacto estaban con el mundo de los traficantes es otro de los puntos abordados por Garzón. El guardia Doroteo Gómez Porras le cuenta al juez cómo se entregan a un traficante para que los venda tres kilos y medio de cocaína que había recibido Ramón de Temple como pago de una de las operaciones dirigidas supuestamente por Pindado. El resultado de la venta se lo reparten el confidente, el guardia Gómez Porras y el guardia Vicente Domínguez.