Cárcel y derecho a la educación

Soy profesor de la Universidad del País Vasco. El pasado día 4. de diciembre acudí a la prisión de Foncalent, en Alicante, con la intención de realizar una tutoría a una alumna reclusa que cursa desde allí tercero de Geografía e Historia hecho que es absolutamente legal. No voy a comentar el trato poco educado que recibí por parte de las funcionarias, ni el hecho de que la entrevista tuviera que realizarse dentro de un locutorio en el que no había ni siquiera sillas. Lo que. realmente resultó indignante y -según, creo- ilegal fue la negativa que recibimos la reclusa y yo de comunicarnos en la lengua en la que imparto mi asignatura, es decir, en euskera.Máxime cuando esta orden, que incluía la obligación de que una funcionaria estuviese presente durante la tutoría, se nos dio 15 minutos después de que empezara, con toda la normalidad posible, mi exposición del programa para este curso. Mis protestas fueron inútiles, así que pedí ver al director, el cual me dijo que no había ningún problema. Pasó el aviso, con lo que pudimos recomenzar la tutoría donde la habíamos dejado.

Mas, a los cinco minutos, las funcionarias volvieron a insistir en que la tutoría debía llevarse a cabo en castellano, añadiendo que el director había subrayado que no quería volver a verme.

Efectivamente, cuando volví me notificaron que el director se había ido a Alicante, y mis gestiones ante el director de seguridad fueron inútiles, pese a que apelé a la Constitución, al sentido común, etcétera. Las órdenes provenían, según él, de Madrid. Sin embargo, sé positivamente que en visitas realizadas esas mismas fechas por otros profesores de mi facultad no hubo ningún problema para realizar las tutorías en vascuence.

Ante esto, me pregunto: ¿está garantizado en nuestras cárceles el derecho a la educación en cualquiera de las lenguas oficiales de España? ¿Se respetan los derechos constitucionales de nuestros reclusos?-