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Editorial:

Indulto interesado

EL PRESIDENTE de Estados Unidos tiene la prerrogativa de indultar a criminales convictos o de impedir que sean enjuiciados presuntos delincuentes. Y así, en los últimos días de su mandato, George Bush ha decidido perdonar al ex secretario de Defensa Caspar Weinberger y a otros cinco colaboradores por su posible actuación, delictiva en el célebre asunto Irán-Contra, evitándoles de este modo su comparecencia en el juicio por perjurio y obstrucción a la justicia que debía empezar el próximo 5 de enero.El asunto no suscitaría polémica si no fuera porque, de pronto, el principal implicado ha resultado ser el propio George Bush, que, al impedir que se celebre el juicio, de paso evita ser llamado a declarar en él. Como ha afirmado el jefe de la mayoría demócrata en el Senado, George Mitchell, este descarado autoindulto supone el "uso impropio de la prerrogativa de gracia presidencial por cuanto contradice el principio de que nadie. está por encima de la ley".

El escándalo Irán-Contra es un tema complejo. Estados Unidos, en virtud de la Ley de Control de Exportación de Armamento y del embargo decretado por la ONU contra Irak e Irán, tiene prohibida la venta de armas a estos países. Al mismo tiempo, en 1986, el Congreso prohibió explícitamente al Gobierno estadounidense la prestación de ayuda financiera a la guerrilla nicaragüense antisandinista, la Contra. A alguno de los miembros del Gobierno del presidente Reagan le pareció entonces que, vendiendo armas a Teherán, era posible ganarse la buena voluntad de los sectores más moderados del Gobierno iraní (dando por supuesto que tales sectores existían), garantizar la liberación de los rehenes norteamericanos retenidos en Líbano por las guerrillas integristas controladas desde Irán y conseguir fondos para los contras.

Y, de paso, se contrarrestaba la creciente influencia de Moscú en los asuntos iraníes. Un buen rédito para un, pequeño delito. Pero un semanario libanés reveló el escándalo en 1986, y desde entonces las comisiones del Congreso y el fiscal independiente Lawrence Walsh han buscado y demostrado con bastante precisión los aspectos delictivos de la trama. La mayor parte de los responsables han sido ahora exculpados por el presidente saliente, Bush. Todos ellos, y en primer lugar Weinberger, han mentido descaradamente, según se ha demostrado.

Pero, ¿y el propio presidente? Durante todos estos años, George Bush (entonces vicepresidente) ha afirmado una y otra vez que, de haber participado en las reuniones en las que se tomaban las decisiones sobre el asunto, cosa que dudaba, no recordaba los detalles específicos del mismo, y, sobre todo, que nunca supo que se vendían armas a Irán. Sin embargo, a partir de noviembre de 1986, el presidente empezó a llevar un diario sobre las reuniones en las que participaba, alguna de las cuales versó directamente sobre la venta de armas a Irán y la entrega de ayuda a la Contra nicaragüense. El fiscal especial Walsh consiguió que Bush le entregara el diario, del que faltaban algunas páginas clave, especialmente las referidas a una reunión de 1986 en la que se trató de la entrega a Irán de misiles anticarro a cambio de cinco rehenes.

No sorprende que a Walsh le escandalice el perdón y el anuncio simultáneo de que serán hechos públicos todos los documentos del Irangate. ¿Con qué objeto?,¿Para que, supremo insulto, quede demostrado documentalmente que unos delincuentes quedan injustamente en libertad? Walsh quiere a hora interrogar directamente a Bush, una vez que haya abandonado su cargo el 20 de enero. Si las cosas salen mal y se demuestra que Bush delinquió, ¿quién le perdonará a él? No es extraño que el presidente electo, Bill Clinton, se sienta francamente incómodo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 29 de diciembre de 1992