Guerra, en el banquillo

Tres años se van a cumplir desde que Serafín Núñez, alcalde de Barbate (Cádiz), en su intervención en un pleno municipal, elevara a Juan Guerra a la categoría de conseguidor y pusiera en marcha la causa penal y política con más ramificaciones de la historia de los juzgados sevillanos y de la democracia. El primer juicio contra Juan Guerra y tres de sus socios, sin embargo, se ha descafeinado.

Sólo el fiscal ha sido implacable a la hora de exigir responsabilidades y solicitar las penas más elevadas. Las acusaciones particulares representarán en esta primera vista un papel menos exigente. Juan Guerra no era el objetivo, y esperarán a cargar las tintas en alguno, de los. seis procesos aún pendientes.La causa 1.527 / 90 iniciada por el juez Ángel Márquez en marzo de 1990 aún colea en el juzgado de instrucción. Siete procesos separados se han abierto y más de un centenar de personas se han visto involucradas. Desde corredores de fincas a delegados del Gobierno. Siempre bajo la sospecha de que las influencias que el apellido Guerra otorgaba al hermano del entonces vicepresidente del Gobierno hacían fáciles los negocios y de sus resultados se beneficiaba el PSOE.

Pero lo cierto es que cuando a punto están de cumplirse los 1.000 días de proceso, ni los investigadores ni la policía ni el juez han conseguido implicar las finanzas del partido socialista en este caso y sólo han demostrado que los apellidos en este país siguen siendo cosa importante. Amén de que la trama que rodeaba las actividades del asiduo ocupante del despacho de la delegación del Gobierno en Andalucía han supuesto pingües beneficios.

Cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en una decisión más que polémica, exculpó a los delegados del Gobierno en Andalucía, una de las tres acusaciones particulares lo dejó bien claro. "Juan Guerra no es nuestro objetivo. Ahora seguiremos el proceso desde una posición más alejada". Otro de los acusadores incluso ha comentado en privado que Juan Guerra "es sólo un personajillo nacido de la picaresca".

Las calificaciones provisionales presentadas para los sumarios que ya esperan fecha de juicio lo han confirmado. Si andalucistas e IU habían criticado durante la instrucción la actuación aparentemente pasiva del fiscal, ahora se han visto superadas, con sus primeras calificaciones provisionales, por el celó del ministerio público.

Escándalo

El fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla, Alfredo Flores, dejó claro este extremo cuando justificó los nueve años de prisión que solicita para Juan Guerra en la causa que comienza el lunes. El delito fiscal cometido por Juan Guerra "causó más daño" por el hecho de ser socialista, y afiliado a un partido que defendió la solidaridad fiscal, la erradicación del fraude y el saneamiento de la vida pública.Las acusaciones particulares centrarán su atención sobre la quinta rama del caso, aún en periodo de calificación. El uso del despacho centró todas y cada una de las actividades de Juan Guerra y de sus empresas durante los casi seis años que lo ocupó. Tiempo en el que construyó su fortuna, que le permite vivir ahora alejado de la sociedad en un chalé de la costa gaditana y sin aparente ocupación. Los 16 volúmenes que conforman el sumario de esta parte del caso así lo constatan.

En 1993 se sucederán seis vistas orales en las que el ocupante común del banquillo será Juan Guerra. En todas menos una, la llamada trama de las tragaperras, en la que la participación del asistente de la Delegación del Gobierno parece imposible de demostrar y en la que sí aparecen implicados altos cargos de Andalucía.

Habrá dos juicios por el denominado caso Comasa, una sociedad, Construcción Modular Andaluza, que se benefició de una concesión irregular de suelo municipal y de dos subvenciones estatales -finalmente no cobradas- para la construcción de un hotel de lujo junto al aeropuerto sevillano.

Un quinto juicio depurará las responsabilidades cometidas por los gestores del Servicio Andaluz de Salud al desviar ventajosamente a una empresa, Litomed -favorecida por Juan Guerra- los enfermos renales que la sanidad pública no podía atender.

El año judicial del 92, que salpicará la campaña electoral, verá la vista oral por las irregularidades administrativas y fiscales de las sociedades Cimpa y Corral de la Parra, así como de la actuación urbanística del equipo municipal de Alcalá de Guadaira (Sevilla), y de la actuación de la empresa pública Ensidesa a la hora de enajenar su patrimonio.