Los bares del centro viven un estado de excepción

La Asociación de Comerciantes de Hostelería de la Zona Centro de Madrid -que agrupa a 34 de los 64 locales de ese tipo existentes en el distrito- está alarmada. "En los últimos meses, desde la entrada en vigor de la ley Corcuera, se ha producido para nuestros negocios, empleados y clientes una especie de estado de excepción que atenta contra varios derechos fundamentales y que nos crea una situación de inseguridad jurídica", afirmó ayer un portavoz de la asociación.El estado de excepción está provocado por las actuaciones del Cuerpo Nacional de Policía en estos locales: irrumpen en los bares con perros, cachean a los clientes y, si encuentran cualquier tipo de droga a alguno de los parroquianos, cierran el local cautelarmente e imponen una sanción a la empresa de 500.000 pesetas, siempre según la asociación.

El citado portavoz, que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias, corrobora: "Esto es kafkiano. Hemos llegado al absurdo. Pretenden de alguna forma que nosotros y nuestros empleados nos convirtamos en policías o confidentes. Nosotros no podemos registrar a nuestros clientes porque comercialmente es absurdo, y legalmente sería un delito de agresión. Nos quieren hacer responsables de lo que los clientes lleven en los bolsillos".

La asociación afirma que la droga encontrada en estos registros es ridícula. Según ellos, lo decomisado suelen ser pequeñas chinas de hachís. Además "cualquiera que intente perjudicarnos puede hacerlo con sólo mostrar alguna sustancia estupefaciente en presencia de la policía".

Otro aspecto puesto de relieve por la asociación es el carácter discriminatorio y la situación de agravio comparativo en que se encuentran los locales de media docena de calles del centro de Madrid, ubicadas entre las callesde Fuencarral y San Bernardo: "Puede ser que se nos esté utilizando para hacer una experiencia piloto de la ley Corcuera. Pero somos ciudadanos de un Estado de derecho donde la ley hay que aplicarla por igual". Incluso sugieren: "Quizá nos encontremos ante otro intento de deterioro del barrio para facilitar algún proyecto especulativo".

Por otra parte, la asociación considera que las actuaciones administrativas respecto del horario de cierre suponen un abuso de autoridad y no se ajustan a derecho". Los miembros de la asociación piden que las autoridades gubernativas les digan qué es lo que tienen que hacer.