La provincia del PP

LOS PARTIDOS nacionalistas y regionalistas que obtuvieron representación parlamentaria en las elecciones de 1977 recogieron el 6,6% de los votos emitidos. Ese porcentaje no ha dejado de crecer en, sucesivos comicios (con excepción de los de 1982) hasta alcanzar, en 1989, el 10,6%. Si a esas cifras se añaden las' correspondientes a los partidos del mismo carácter que no consiguieron representación parlamentaria, nos acercaríamos seguramente al 15% de los votos válidos, es decir, unos tres millones de sufragios. En un momento de auge de los particularismos, en parte por mimetismo de lo que ocurre en el centro y este de Europa, no parece que esa cifra vaya a reducirse. De hecho, en las elecciones locales del año pasado, los partidos regionalistas cosecharon en torno a un millón de votos, 400.000 más que en 1983.De la inclinación de esos tres millones de electores depende en buena medida el signo de la mayoría en las próximas elecciones. Suele admitirse que se trata de. votantes genéricamente pertenecientes al campo del centro-derecha. Ello resulta discutible en el caso de los nacionalistas, campo en el que también se inscriben sectores de izquierda y centro-izquierda, pero es bastante cierto para los partidos regionalistas y localistas aparecidos en los últimos años; a una de esas dos categorías pertenece, por ejemplo, la abrumadora mayoría de los 181 partidos inscritos en el registro a 'lo largo de 1991.

El Partido Popular es consciente del lastre que para sus pretensiones supone esa creciente dispersión. Sus dificultades para articular estrategias y alcanzar compromisos con los nacionalistas vascos y catalanes han vuelto a ponerse de relieve estos días con ocasión del IX Congreso del Partido Popular Europeo (la Internacional Demócrata-Cristiana), reunido en Atenas: los representantes del PNV y UDC, socios fundadores de esa Internacional, plantearon incluir una enmienda sobre el derecho de autodeterminación que sólo podía ser considerada una provocación por el partido de Aznar, cuya entrada en ese club trataron de boicotear. De todas formas, esos desplantes no han impedido al presidente del PP lanzar, en la jornada de clausura, una oferta de "diálogo y colaboración, a los nacionalistas moderados del País Vasco y Cataluña, en la perspectiva de constituir una alternativa al actual Gobierno.

En cuanto a la integración en esa alternativa de los partidos regionalistas, los resultados han sido parcialmente contradictorios con otros objetivos de la estrategia de Aznar. El modelo cántabro (también probado a escala municipal en ciudades como León o Burgos), consistente en colocar al frente de las listas a un líder local con vitola populista, se ha revelado muy peligroso para la imagen 'nacional del partido. Pero el modelo alternativo seguido en Navarra, en el que es el partido conservador el que se integra en una formación local, lleva camino de producir el mismo efecto a la vista de la deriva de Juan Cruz Alli, presidente regional elegido con los votos de la derecha, hacia posiciones que escandalizan al electorado moderado.

El problema es que otras fórmulas, como la del Gobierno de coalición, aplicada en Aragón con el Partido Aragonés Regionalista (Par), han conducido a un seguidismo respecto a éste que ha acabado resultando incompatible con la línea propugnada a escala nacional, y plasmada en el pacto autonómico firmado hace pocos meses. Uno de los ejes de dicho pacto era la renuncia a procesos unilaterales de reforma de los estatutos, pese a lo cual el PP de esa región apoya la pretensión del Par de una reforma destinada a equiparar la autonomía aragonesa a las del País Vasco y Cataluña. Que el PP figure entre los firmantes de la manifestación aragonesista de ayer en Madrid -un evidente desafío al pacto autonómico- es una de las contradicciones de su trayectoria en materia autonómica. Pero la propuesta de Administración única, presentada por Fraga horas antes de que el Parlamento aprobase la ley que desarrolla la ampliación de competencias pactada por el PSOE y el PP, demuestra que no es ésa la única contradicción de la política autonómica de los conservadores.