socios y familiares

La fiscalía de Cataluña se refiere en el informe a una serie de avales concedidos, a su juicio, irregularmente. Algunos tienen en común que los beneficiarios tenían relación con altos cargos de la Generalitat.Un aval de 100 millones de pesetas fue concedido a la sociedad EGASA, empresa fundada por Enrique Garrell pero dirigida entonces por su hijo y diputado autonómico de CiU, Josep Garrell. EGASA se había asociado años antes con Metrelec, de la que era socio el consejero Maciá Alavedra, para crear la sociedad Metrega. En este caso, además, el Consell Executiu aprobó un decreto un día antes para poder conceder el aval solicitado ya que el máximo previsto por la normativa era de 50 millones. EGASA suspendió pagos un año después y la Generalitat acabó pagando 111 millones.

En el caso de Industrias Sallent, el aval fue de 210 millones. Esta empresa pertenece a la familia del actual comisionado para Actuaciones Exteriores de la Generalitat y ex consejero de Agricultura, Joan Vallvé. Los técnicos lo desaconsejaron -"no quedan claras las inversiones"- y recomendaron "no presentar la propuesta". Pero Cullell la elevó ante el Consell Executiu, que otorgó una ayuda de 100 millones en 1984. Un año más tarde la sociedad suspendió pagos y el tesoro abonó a los bancos 110 millones. Otra empresa del mismo grupo familiar, Comercial de Cubiertos y Platería, solicitó un aval de 50 millones. La tramitación y el desenlace fueron correctos, pero lo anormal es que uno de los que apoyaron la concesión fuese el propio Vallvé, entonces director de Asuntos Interdepartamentales.

Las empresas Subirá y Cía. y Puntextil, de la familia del consejero Subirá, recibieron dos avales en 1982 por un total de 65 millones. Los dos fueron fallidos y las empresas suspendieron pagos. La Generalitat sufragó la deuda, pero en este caso la recuperó en 1989, poco antes de que Subirá accediera al Gobierno catalán.Consideraciones personalesIberhospitalia solicitó un aval de 50 millones en 1981 con varios objetivos. Uno era la compra de terrenos con la finalidad afianzar la construcción de un hospital en El Cairo. La Generalitat otorgó la ayuda y acabó pagando 73 millones dos años antes de que la empresa se declarase la quiebra. El hospital nunca se construyó. Los terrenos no existen. Las apreciaciones puramente personales de un consejero fueron, en algún caso, la única base para conceder los avales, sin el preceptivo informe técnico. Ocurrió con el aval de 80 millones de pesetas concedido el 17 de mayo de 1985 a la sociedad Ingeniería y Construcciones Sala Amat. El informe del entonces secretario de Obras Públicas, Albert Vilalta, se limitaba a autorizar. el aval "por las condiciones de especialización en la obra pública de Cataluña y su modernización". Al cabo de dos meses la sociedad suspendió pagos y la Generalitat pagó 86 millones.