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La reforma fiscal urgente

La elevación de la presión fiscal en España ha ido acompañada de la erosión de los derechos de los ciudadanos, afirma el articulista. El Partido Popular, agrega, propone, entre otras reformas, la aprobación de un Estatuto del Contribuyente que garantice los derechos de éste y restablezca el necesario clima de confianza.

En los últimos 10 años, el gasto público ha crecido más deprisa en España que en ningún otro país de la CE. La financiación de este gasto no ha sido sencilla y aunque el Gobierno socialista ha aumentado la presión fiscal más que nadie el déficit público se ha disparado.En concreto, entre 1980 y 1991, para utilizar cifras homogéneas, la presión fiscal subió 10,8 puntos. Sólo Italia (10,3 puntos) y Grecia (7,1 puntos) registraron tasas de aumento significativamente elevadas, mientras que Bélgica, Alemania y Noruega redujeron sus impuestos en 2,4, 1,6 y 0,1 puntos, respectivamente. Estados Unidos, Suiza, Austria y el Reino Unido aumentaron sus impuestos menos de un 1%. Es importante subrayar que no incluyo en estas cifras el endeudamiento público, aunque habrá que devolver el dinero prestado tarde o temprano.

La necesidad de recaudar cada vez más ha obligado al Gobierno socialista a apretar todas las tuercas del impuesto, incluidas aquellas que más inciden sobre la competitividad del sistema tributario, como los tipos del impuesto y el gravamen de las rentas del capital.

Entre 1986 y 1990 todos los demás países de la Comunidad han reducido el tipo máximo del impuesto: el Reino Unido, en 20 puntos; Bélgica, en 17; Grecia, en 13; Italia, en 12; Francia, en 8, etcétera. España es la única excepción, porque pasó del 46% al 56%.

Los tipos mínimos han sufrido una evolución similar, porque también se han reducido en todos los países de la Comunidad, con la única excepción de España, que los subió en 16 puntos.

El gravamen de las ganancias de capital es aquí más severo que en los países de la Comunidad, que han optado en muchos casos -Dinamarca, Alemania, Italia, Bélgica, Grecia- por no gravar las ganancias a largo plazo.

La doble imposición económica de los dividendos se corrige en España menos que en los demás países, que hace mucho han optado por la integración parcial del impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre la renta.

Conjunto errático

La elevación de la presión fiscal ha ido acompañada de la sistemática erosión de los derechos de los contribuyentes y de la progresiva transformación del sistema en un conjunto errático de retenciones.

Los continuos cambios de las leyes tributarías, la proliferación de presunciones en favor de la Administración, el sistemático desconocimiento de la presunción de inocencia y la lentitud en la resolución de las reclamaciones económicas han supuesto una desnaturalización profunda de lo que significa el Estado de derecho.

El Gobierno socialista, además, se ha inclinado por establecer unas retenciones tan abusivas que tres de cada cuatro españoles tienen derecho a devolución, lo que quiere decir que se ven obligados a prestar al Gobierno sin interés durante 18 meses o más.

A la vista de esta situación, lo primero que el Partido Popular propone es la aprobación de un Estatuto del Contribuyente que garantice sus derechos y restablezca el clima de confianza necesario para la aplicación de un sistema, fiscal moderno.

No es posible enumerar las cuestiones esenciales del Estatuto. Creo, sin embargo, que deben subrayarse algunas medidas concretas:

- El Gobierno deberá aprobar en el primer trimestre de cada año el texto refundido de todos los impuestos estatales.

- Lo declarado por el contribuyente se presume cierto, correspondiendo a la Administración tributarla la prueba en contrario.

- El régimen sancionador será revisado radicalmente, correspondiendo a la Administración aportar prueba suficiente de culpabilidad.

- La Administración tributaria deberá devolver los ingresos indebidos en un plazo máximo de tres meses.

- La vía económico-administrativa tendrá una sola instancia.

- Las reclamaciones se considerarán estimadas si no hay resolución expresa en el plazo de un año.

La aprobación del Estatuto permitirá una persecución más rigurosa del fraude, animará a los españoles a no emigrar y alentará a los extranjeros a invertir sus capitales o establecer sus empresas en España.

Menos impuestos

El Partido Popular apuesta, además, por una rebaja de los impuestos que tienen una mayor incidencia en el ahorro y la inversión.

Por eso, queremos una tarifa que termine en el 40% y que deberá estar vigente en el plazo máximo de cuatro años, bien entendido que el calendario deberá acortarse a medida que se vaya reduciendo el gasto público y avanzando en el proceso de privatización de las empresas públicas.

Este tipo se aproxima al tipo propuesto por la Comisión Ruding para el impuesto de sociedades, con lo que se ciegan las posibilidades que tienen los perceptores de rentas patrimoniales de escapar al impuesto personal creando sociedades a las que transfieren sus bienes.

Con este pie forzado hemos apostado por una reducción generalizada de los impuestos que beneficie a todos. A las rentas más modestas. Por ejemplo, un ciudadano que ganase dos millones de pesetas pagaría 100.750 pesetas menos con nuestra tarifa. Si ganase tres millones, con nosotros 124.250 pesetas. En el caso de declaración conjunta, la familia que ganase dos millones de pesetas ahorraría 90.000 pesetas y la que ganase tres millones pagaría 94.375 pesetas menos.

Se propone, además, elevar las deducciones por compra de activos fijos o por exportación, una regularización de balances, la revisión de las tablas de amortización, una moratoria para las empresas de nueva creación, así como la exención de derechos sucesorios cuando se transmitan de padres a hijos pequeñas explotaciones agrarias o empresas mercantiles.

El Gobierno ha optado por elevar los tipos del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre el valor añadido, los impuestos especiales y las cotizaciones a la Seguridad Social, para equilibrar las cuentas públicas.

El Partido Popular ha apostado por una reducción de los impuestos que más afectan sobre el ahorro y la inversión para poner el país en marcha y, en consecuencia, recuperar parte de la recaudación perdida sin aumentar el esfuerzo fiscal.

Es claro que una reforma de este tipo sólo tiene sentido en el marco de una revisión global de todo el sector público y en el contexto de una política económica que apueste decididamente por saltar hacia adelante y no esperar sentado en la puerta de la tienda a que pase el cadáver de la actual crisis.

es portavoz de la Comisión de Economía del Grupo Parlamentario Popular.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 03 de noviembre de 1992.

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