Los sindicatos rechazan frontalmente la flexibilización de los despidos colectivos

El secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez, destapó ayer la caja de los truenos al desempolvar la posibilidad de que se elimine la autorización administrativa previa a los despidos laborales. Durante unas jornadas de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) se confesó "partidario de esa reforma estructural, por que favorecería la flexibilidad del mercado de trabajo y permitiría una mayor creación de empleo". Aunque Pérez dijo hablar a título personal y puntualizó que "tal reforma aún no está madura", sindicatos y empresarios le respondieron rápidamente.

La polémica fue abierta hace aproximadamente un ano, cuando Carlos Solchaga "reflexionó" -también en APD- sobre la conveniencia de eliminar la autorización administrativa a los despidos. Ayer se reprodujo a través de Pedro Pérez. El secretario de Estado de Economía desempolvó la idea e hizo su reflexión en respuesta a una pregunta de un empresario durante las tradicionales jornadas que organiza APD para analizar los Presupuestos del Estado. A su juicio, la polémica medida sería "una reforma estructural" que "flexibilizaría el mercado de trabajo y favorecería la creación de empleo".La eliminación de la autorización administrativa facilitaría los despidos ya que supondría la supresión de la solicitud que deben presentar las empresas al Ministerio de Trabajo para los expedientes de regulacion de empleo. En concreto, esta autorización es necesaria cuando el despido afecta a más de cinco trabajadores.

La reflexión de Solchaga entonces y de Pérez ayer exigió una rápida aclaración por parte del Gobierno. La ministra portavoz dijo, entonces y ayer, que se trataba de opiniones personales que nunca se han analizado en Consejo de Ministros. Conde puntualizó que "el Gobierno ni asume ni no asume las propuestas o reflexiones de un secretario de Estado". La ministra añadió que "cualquier decisión de Gobierno se adopta en Consejo de Ministros y, en cualquier caso, esas propuestas necesitarían una tramitación y un periodo de diálogo con los interlocutores sociales".ç

Un portavoz del ministerio de Trabajo -que es el departamento competente en esta materia- desmintió ayer "rotundamente" que el Gobierno esté estudiando el abaratamiento o la flexibilidad del despido. Estas aclaraciones, junto al aviso de que sólo se trataba de una opinión personal, no frenaron la reacción de los interlocutores sociales.

En las mismas jornadas de la APD, el vicepresidente de la CEOE, Arturo Gil, replicó rápidamente al secretario de Estado. En opinión de Gil "el Gobierno pierde credibilidad cuando reitera que normas de este tipo son necesarias, pero no las saca adelante". Para el vicepresidente de la patronal, no hay que manifestar opiniones sino producir las normas para que éstas se hagan realidad". Gil añadió que la reforma debería obligar a elegir entre las indemnizaciones por despido y el seguro de desempleo porque "no es razonable que se cobren las dos".

La reacción de los sindicatos fue inmediata, aunque por motivos radicalmente opuestos al análisis de la patronal. Según el secretario de Acción Sindical de UGT, Apolinar Rodríguez, la propuesta de Pedro Pérez supondría la quiebra del diálogo social y la confrontación directa con los sindicatos. Rodríguez solicitó "un desmentido del Gobierno" y comentó que si éste "no desautoriza a Pedro Pérez debería dimitir el ministro de Trabajo". Añadió que Luis Martínez Noval les aseguró el jueves que los comentarios sobre una posible eliminación de esta autorización administrativa eran "una pura intoxicación de dos medios de comunicación", en referencia a las noticias aparecidas en los diarios Expansión y La Vanguardia esta semana.

El secretario de Acción Sindical de CC OO, Agustín Moreno, dijo que la propuesta de Economía es "un motivo suficiente para sacar del congelador la huelga general". Moreno calificó de "francotirador" al responsable de Economía. En su opinión, "suelta este tipo de agresiones en momentos de recomposición del diálogo social".