Funcionarios de la Junta de Andalucía se niegan a declarar en el 'caso Doñana'

Los dos ex jefes de servicio de la Junta de Andalucía procesados por la muerte de aves en Doñana en 1986 se acogieron ayer al derecho de no declarar en la cuarta sesión del juicio que se sigue por estos hechos. Antonio González de Tanago y Juan Ignacio Caballero García, que ocupaban en 1986 los puestos de director general de Agricultura y ex jefe de servicio de Protección de Vegetales, respectivamente, se limitaron a negar los hechos que se les imputan y aseguraron que durante la fase de instrucción del caso declararon en dos ocasiones -a la Policía Judicial y en el juzgado- "en calidad de testigos", y bajo juramento ante el juez instructor.La postura adoptada por los dos ex altos cargos cogió por sorpresa a dos letrados que representan en el juicio a la acusación particular de las organizaciones ecologistas Andalus y Coda, según reconocieron ellos mismos al concluir la sesión. Estos letrados se limitaron a hacer constar en el acta de la sesión dos preguntas. La primera, sobre si durante la fase de declaración ante la policía o el juez instructor los dos funcionarios públicos habían sufrido algún tipo de coacción o amenaza. La segunda, si en esas declaraciones, que constan en el sumario, existen manifestaciones que no sean ciertas o contengan alguna incorrección.

Ninguno de los letrados de la acusación particular quiso valorar la postura adoptada por González Tanago y Caballero García, y se limitaron a comentar que se trataba de "un derecho constitucional utilizado como acto de defensa". Por su parte, el fiscal, que no ha calificado el presunto delito ecológico que reclaman los ecologistas y simplemente ha considerado punible la venta y utilización de un producto fitosanitario no autorizado, no imputa ningún delito a los dos cargos.

Usado desde hace 20 años

Ayer prestaron declaración los dos vendedores del Folidol-M35 acusados en el proceso. Julio Murillo y Enrique Navarro señalaron que productos como éste, con metil-paratión como materia activa, se utilizan en las marismas arroceras desde hace 20 anos, sin que nunca hubieran afectado a los patos. Añadieron que sólo recibían una inspección anual, sin concretar a qué administración pertenecía el funcionario, aunque Navarro reconoció que la de Sanidad fue realizada por el farmacéutico del pueblo. Baena Bocanegra, letrado de los cargos públicos, aclaró que otra inspección, realizada para vigilar el fraude en la venta de estos productos, está controlada por la Administración central.Tanto Murillo como Navarro dijeron que los agricultores sabían lo que compraban y que elegían el producto por razones de precio. Asimismo, indicaron que en las facturas recibidas por la empresa Bayer Hispania, fabricante del producto, se reflejaba el Folidol-M35 en la lista de productos de la campaña del arroz.