Tres detenidos por cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de un local para la Seguridad Social

El juez Miguel Moreiras, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, ordenó el pasado día 1 28 de septiembre la detención de tres personas presuntamente implicadas en el cobro de comisiones ¡legales, por la venta, hace unos seis años, de un local destinado a la sede de la administración de la Seguridad Social en Ponferrada (León). Los detenidos, que ya han prestado declaración en el juzgado, son el gerente de la empresa que actuó de intermediaria, otro empresario y una funcionaria del Ministerio de Trabajo en excedencia, que ayer quedó en libertad sin fianza. Fuentes jurídicas han informado de que el juzgado investiga una red de adjudicaciones irregulares en varias provincias.

La Tesorería General de la Seguridad Social tuvo conocimiento en junio del pasado año de que, hace unos seis anos, en el proceso de licitación pública para la adquisición en Ponferrada de un local destinado a la instalación de una Administración de la Seguridad Social podrían haber intervenido, utilizando tráfico de influencias, una empresa privada y varios funcionarios, quienes supuestamente cobraron comisiones por la gestión de venta del inmueble.Estos hechos fueron comentados a la entonces directora de la Administración de la Seguridad Social de Ponferrada, María Jesús Novo Prego, durante una asamblea de la comunidad de propietarios del edificio, que tenía intención de vender un segundo local contiguo para la ampliación de la sede de la Seguridad Social.

Novo, que en la actualidad trabaja en el departamento de Sanidad de la Xunta de Galicia en La Coruña, dijo ayer a este periódico que la "reunión de vecinos resultó ser una sorpresa". "Allí se aceptaba con toda naturalidad que se habían dado comisiones a los funcionarios por la venta anterior de los locales, y yo, claro, comuniqué todo a mis superiores".

"Buena posibilidad"

Por su parte, Abel Sanjuán, presidente de la cooperativa El Paraisín (84 vecinos), propietaria de los locales, reconoció a este diario que la asamblea general de socios de la cooperativa había aceptado entregar a la empresa madrileña Arquitécnica, SA cinco millones de pesetas por las gestiones realizadas para *la venta del local a la Administración de la Seguridad Social. "Nos dijeron que nos arreglaban todos los papeles y a nosotros nos pareció bien. Yo no tuve relación ninguna con el gerente de la empresa", puntualizó Sanjuán.

José Manuel Martínez López, miembro de la junta de bajos comerciales de la cooperativa, afirmó que entonces "el que se presentara una posibilidad de vender un bajo era una cosa muy buena. La empresa se ofreció como gestora para la venta a la Seguridad Social de los bajos, y la, asamblea lo aprobó".

Tanto José Manuel Martínez como Abel Sanjuán han sido citados por la Audiencia Nacional para declarar el próximo. viernes en Madrid como presuntos inculpados en el caso que se sigue por tráfico de influencias. Hoy está previsto que declare Heriberto Fernández, director de la Tesorería General de la Seguridad Social de León.

En un primer momento, las indagaciones del grupo de investigación policial de la Seguridad Social (GISS) derivaron en atestados policiales que fueron enviados al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ponferrada.

El juzgado leonés se inhibió del caso, pasando éste al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Fuentes jurídicas competentes han señalado que el hecho de que la competencia haya pasado a la Audiencia Nacional se debe a que existen claros indicios de que se han producido situaciones similares en otras provincias y que fueron descubiertas a raíz del caso de Ponferrada. Entre los lugares que se están investigando figura Toledo.

La Tesorería General de la Seguridad Social ha ordenado la apertura cautelar de un expediente disciplinario a la funcionaria de Trabajo detenida, que ayer tarde fue puesta en libertad sin fianza tras prestar declaración. Esta mujer, ahora en excedencia, figuraba con anterioridad adscrita al servicio de inversiones de la Tesorería General de la Seguridad Social.

La Inspección de Servicios de la Tesorería General realiza un estudio de los expedientes de adquisición de locales por si de ellos pudiera deducirse algún indicio de irregularidades imputables a algún funcionario.

Al parecer, los intermediarios en estas actuaciones habrían disfrutado de información privilegiada sobre las condiciones y ubicación de los locales a adquirir, antes de que la convocatoria de la licitación fuera publicada en la prensa y en el Boletín Oficial del Estado.