El Gobierno paraliza la reforma de los colegios profesionales tras la dura protesta corporativa

El Gobierno ha decidido aplazar la reforma de la Ley de Colegios Profesionales y dejar pasar "un periodo de tiempo de maduración" de su contenido. La decisión se produce a los pocos días de haberse registrado una fuerte contestación corporativa al anteproyecto de ley en la mayor parte de las direcciones de los colegios. El lunes pasado la Unión Profesional, que agrupa a presidentes de 33 consejos y colegios profesionales, se manifestó abiertamente en contra del cambio legislativo previsto por el Gobierno y pidió que se retirara el anteproyecto y se abriera una etapa de negociación.

La reforma de los colegios profesionales era uno de los compromisos adquiridos y hechos públicos por el Gobierno para llevar a efecto el Plan de Convergencia. En principio se señaló como plazo el mes de septiembre y después se dijo que sería aprobado antes de fin de año.La reunión de subsecretarios, que prepara habitualmente los temas que trata el Consejo de Ministros, no estudió ayer el anteproyecto a pesar de que estaba en el orden del día. De acuerdo con algunas fuentes el Gobierno ya no considera "de extrema urgencia" la aprobación del anteproyecto y prefiere dejar que pase todavía "un periodo de maduración" de las medidas que se pretendía adoptar encaminadas a eliminar las tarifas profesionales obligatorias y a adoptar otras medidas relacionadas con el ejercicio libre de la profesión.

Ni retirada, ni cambio

Otras fuentes gubernanientales han señalado que se trata de una simple demora en la aprobación del proyecto "debido a la sobrecarga de temas que tiene en estos momentos el Consejo de Ministros, pero que en ningún caso existe la intención de retirarlo ni de transformarlo sustancialmente". En cualquier, caso, en la decisión de aplazar el proyecto, preparado por el Ministerio de Economía y Hacienda, han tenido mucho que ver las indicaciones del vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, que preside la comisión de subsecretarios.No ha trascendido por ahora si el anteproyecto sufrirá variaciones importantes en función de las peticiones hechas por la mayor parte de las corporaciones profesionales, pero fuentes cercanas a las mismas dan por seguro que se tendrán en cuenta algunas observaciones de los colectivos profesionales. El Consejo de Ministros celebrado hace dos semanas estuvo a punto de aprobarlo, pero la crisis monetaria ocupó toda la sesión. Posteriormente se multiplicaron y endurecieron las protestas de los colegios.

El anteproyecto de ley de reforma del régimen jurídico de los colegios profesionales se basaba en un informe del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en el que se defendía, entre otras medidas, la. eliminación de la potestad de los colegios de fijar tarifas mínimas y la posibilidad de hacer publicidad de sus servicios con el fin de adaptarse a un mercado de bienes y servicios en libre competencia.

El anteproyecto mantenía, no obstante, la colegiación obligatoria, pero se eliminaba la necesidad de estar colegiado en cada sitio que se ejerce.

Rechazo frontal

La reforma propuesta por el Tribunal de la Competencia y el anteprotecto que trascendió a los profesionales ha sido rechazado frontalmente por la mayor parte de los colegios, con la Unión Profesional a la cabeza. El presidente de esta entidad, Antonio Pedrol Rius, presidente también del Consejo General de la Abogacía, calificó, el pasado lunes de "apasionadamente hostil contra los profesionales" y "totalmente xechazable" porque, añadía Pedrol, "es parcial" la reforma que pretende hacer el Gobierno. Sin embargo, algunos sectores de economistas, médicos y abogados progresistas han defendido el informe del TDC y las medidas que propugna el Gobierno.El presidente del TDC dijo en una reciente intervención en el Parlamento que volvería a hacer el mismo informe sobre los colegios a pesar de todas las reacciones en contra que se han producido "porque creemos que las medidas que propugnamos son las mejores para frenar las restricciones a la libre competencia en el ámbito profesional".

La práctica totalidad de los grupos parlamentarios, a excepción del socialista, han puesto serios reparos al informe del TDC sobre libre ejercicio de las profesiones. En un informe jurídico promovido por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos se señalaba que las líneas de reforma de los colegios rozaban la inconstitucionalidad.