Uno de los implicados es el interventor de la venta de Plata Meneses

Alberto Grande García, uno de los cuatro interventores de Madrid que serán investigados por el fiscal general del Estado, forma parte de la comisión de liquidación de la empresa Unión de Orfebres (Plata Meneses). Esta compañía fue declarada en suspensión de pagos por el juzgado en mayo de 1991, y disuelta en junio de 1992. Los trabajadores, con el respaldo del presidente regional, Joaquín Leguina, protestan porque la comisión ha rechazado su oferta de compra.

La citada comisión decidió la semana pasada vender Plata Meneses a Dalia, una empresa vasca , por 150 millones. Un grupo de trabajadores, encabezados por Rodolfo Benito -secretario general de CC OO de Madrid, con una antigüedad de 19 años en Plata Meneses-, ha emprendido una campaña para evitar que la compañía abandone el territorio madrileño, alegando que su oferta de compra es mayor.La comisión volverá a reunirse

para reflexionar sobre la situación". Uno de sus miembros aseguró que Dalia ofertaba 150 millones "por la Unión de Orfebres en la situación actual y asumiendo sus cargas". La misma fuente añade que los trabajadores, mientras, "ofrecían 185 millones una vez que se hiciera un inventario y descontando las cargas que hubiera, o sea que no era un precio cerrado".La Comunidad de Madrid, con su presidente Joaquín Leguina a la cabeza, no quiere que la compañía que fabrica la Plata Meneses salga de la región e incluso ha avalado a los trabajadores. El consejero de Economía, José Luis Fernández Noriega, ha advertido que "la Comunidad no va a admitir una competencia desleal por parte de empresas que no están en su territorio". Pero fuentes de la comisión de liquidación explican que el aval de la Comunidad "es una carta dirigida a nadie y no un aval bancario para cumplir las obligaciones financieras que se derivan de un compromiso adquirido".

La familia Meneses fundó la Unión de Orfebres en 1840. La empresa pasó en 1982 al grupo Rumasa, y tras la expropiación fue gestionada por Patrimonio del Estado, que la vendió en 1985 por 15 millones a un particular (Patricio Yon Otarola). Después, la compró Javier Sierra, propietario de la empresa Luis Espuñes. En ese momento Plata Meneses entró en suspensión de pagos, cuyo pasivo asciende a 3.000 millones, según CC OO.

El pasado mes de junio se pactó, de común acuerdo con todos los empleados, la disolución de los 165 puestos de trabajo. A pesar de que en el comité de empresa hay cinco miembros de CC OO y cuatro de UGT, el protagonismo de los dirigentes de Comisiones es casi absoluto.

Tras el cerrojazo definitivo, la comisión oficial encargada de vender la empresa inició el proceso de liquidación. Este grupo está formado por un miembro de la Rumasa Pública; el Banco Árabe Español; un representante de la sociedad; otro de Metales Preciosos, y un interventor, Alberto Grande García. Grande, investigado por la Fiscalía del Estado como uno de los interventores que acaparan la gestión de empresas que suspenden pagos, fue nombrado por la juez del caso, según han confirmado fuentes de la comisión.

Un grupo de 80 ex trabajadores fundó la sociedad Arteme para comprar la marca Plata Meneses, los útiles, los moldes y la maquinaria. Fuentes de la comisión liquidadora señalan que, a 15 de septiembre, la sociedad Arteme "no está inscrita en el Registro Mercantil, con lo cual no tiene personalidad jurídica".

La comisión liquidadora adjudicó la Unión de Orfebres a la compañía del País Vasco Dalia (Joyería y Platería de Guernica), que ofertó menos dinero.

Tras esta decisión, los ex trabajadores han montado una campaña de presión para que se revoque este acuerdo. La comisión liquidadora ha rechazado las acusaciones de favoritismo hechas por Rodolfo Benito, dirigente de Comisiones y miembro de IU, la cual también se ha sumado a las protestas a través de su grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid.