La financiación de los partidos políticos por parte de las empresas se prohibirá en Francia

Las empresas no podrán financiar directa o indirectamente a los partidos políticos franceses, según reza el texto del proyecto de ley de lucha contra la corrupción presentado el pasado miércoles por el primer ministro, Pierre Bérégovoy. Ese proyecto, que también hace "más transparentes" las relaciones entre las empresas y los ayuntamientos, pretende moralizar el sistema de financiación de los partidos y las campañas electorales.

El proyecto, que se presentará al Parlamento el mes próximo, tiende a romper los lazos tradicionales entre el mundo económico y el político. "Sólo la absoluta prohibición de la financiación empresarial", dice Bérégovoy, "puede garantizar la integridad de la vida política". Hace cinco meses, con ocasión de su investidura, el primer ministro prometió una "lucha feroz" contra la corrupción.Los denominados regalos de empresa a las formaciones políticas -autorizados hasta el presente- quedan prohibidos bajo cualquier forma: entregas en efectivo, prestación de servicios o de bienes materiales o cesión de personal.

Hasta ahora, la ley francesa permitía a, una empresa entregar hasta 500.000 francos anuales a un partido político. Esas entregas eran incluso deducibles de los impuestos.

El Partido Socialista (PS) reconoce que diferentes sociedades le entregaron en 1991 unos 20 millones de francos en efectivo de los 173 millones de su presupuesto. A ello habría que añadir los préstamos de locales, material informático, aviones privados y otros bienes y servicios. Y, por supuesto el dinero negro recolectado por los gabinetes de estudio tipo Urba, especializados en cobrar comisiones a quienes quieren hacer negocios con los ayuntamientos.

Los particulares, según la ley que estudiará el Parlamento, pueden seguir ayudando a sus partidos favoritos, pero en ningún caso podrán entregarles más de 30.060 francos anuales por cabeza y formación. Para compensar todas estas restricciones, el Estado se compromete a aumentar el dinero que entrega a los partidos.

En la presentación en Consejo de Ministros de este proyecto, François Mitterrand lamentó que la multiplicación de los escándalos político-financieros haya hecho que los socialistas pierdan "su alma y sus electores". El presidente aceptó que la corrupción es, después del paro, la principal causa de la impopularidad actual de los socialistas.

Los concursos y las subastas serán obligatorios en todos los casos, y las colectividades locales tendrán que hacer públicas las razones por las cuales prefieren tal o cual oferta, conceden tal o cual contrata, otorgan tal o cual licencia, califican de urbanizable tal o cual terreno. Presidida por un magistrado, una comisión interministerial de lucha contra la corrupción estudiará cada denuncia.

La oposición de centro y de derecha ha recibido mal el último proyecto de ley. "Ningún partido puede vivir de las cotizaciones, los militantes son cada día más raros", dijo el portavoz del Partido Republicano. En 1991, las cotizaciones representaron el 15,9% de los ingresos del PS, el 13,8% de los de la Asamblea para la República (RPR) y el 20% de los del Partido Comunista Francés.