Fiscalía poco especial

CUANDO SE creó, en 1984, la Fiscalía Especial Antidroga (su nombre oficial es el de Fiscalía Especial para la Coordinación de las Actividades Relacionadas con el Tráfico Ilegal de Drogas), pareció que, de acuerdo con su denominación, el nuevo órgano coordinaría las actuaciones policiales en este ámbito y que dispondría de los medios necesarios -legales e instrumentales- para llevar a cabo la tarea que se le encomendaba. Ocho años después, la Fiscalía Especial Antidroga no es el motor impulsor de la actividad preventiva y represora de la policía en la lucha contra la droga, y los, medios de que dispone siguen siendo precarios y a todas luces insuficientes.La institucionalización de la Fiscalía Especial Antidroga como poder decisorio en la tarea de "dirigir, planificar y estimular la acción policial encaminada a la investigación del tráfico ilegal de drogas" ha quedado orillada a lo largo de estos años. Las resistencias corporativas surgidas en el ámbito policial y la posterior creación del delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas han contribuido a que dicho poder siga donde siempre estuvo: en el ámbito gubernativo. No tiene, pues, sentido replantearlo, aunque no haya perdido actualidad la observación -contenida en la primera memoria de la Fiscalía Antidroga de 1985- de que la coordinación en la lucha contra la droga no se consigue mediante "los meros contactos horizontales entre mandos de los diversos cuerpos policiales", sino a través de la atribución del poder decisorio a un órgano superior.

La memoria sobre las actividades de la Fiscalía Especial Antidroga correspondiente a 1991 -la séptima de su historia- no se refiere, como es natural, a esta cuestión histórica y legalmente resuelta. Su atención se centra en cuestiones de logística y de intendencia referidas a la precariedad de los medios instrumentales y legales con que cuenta. En este terreno es obligado reconocer que la evolución de estos medios no ha ido en consonancia con el volumen y la complejidad que han alcanzado las investigaciones contra la droga en los últimos años. Basta con constatar que el titular de la Fiscalía Antidroga debe afrontar o coordinar en solitario las investigaciones penales contra la droga en todo el territorio nacional, y que sólo cuatro funcionarios policiales integran la unidad de Policía Judicial funcionalmente adscrita a dicho órgano. No es de extrañar, pues, el lamento crónico que tales carencias producen en las sucesivas memorias.

Pero la precariedad no es sólo cuantitativa; también cualitativa. La memoria se queja de la falta de unidades especializadas con conocimientos financieros suficientes para investigar el rastro dejado tras de sí por el dinero de la droga, a la vez que denuncia el retraso con que se está procediendo al cumplimiento de la directiva comunitaria para prevenir el uso del sistema financiero en el blanqueo de los beneficios del narcotráfico. Especial gravedad tiene la observación de que, al no existir todavía el órgano técnico de apoyo formado'por personal de Economía y Hacienda, Interior, Industria y Comercio y Banco de España, las entidades financieras no envían los datos correspondientes a operaciones que proceden de paraísos fiscales o a cualesquiera otras sospechosas de manejos de blanqueo.

En cuanto a los medios legales, las observaciones de la Fiscalía Antidroga son pertinentes en su mayor parte. Lo son, por ejemplo, las que plantean una mayor concreción del delito de blanqueo, introducido en la legislación española mediante la reforma del Código Penal de 1988, o la incautación alternativa de bienes de los narcotraficantes cuando no sea posible el decomiso de los directamente vinculados al negocio de la droga. Más dudas plantea, sin embargo, la inclusión de la figura del arrepentido en el sistema judicial español. En todo caso, y sea cual sea la atención que en los ámbitos gubernativo y legislativo se preste a sus sugerencias, la Fiscalía Antidroga no puede seguir siendo un órgano de rimbombante denominación, pero carente de los medios indispensables para realizar su tarea en la batalla contra la droga.