Solchaga afirma que "el Gobierno ha tenido que elegir entre lo malo y lo peor"

El Congreso de los Diputados convalidó ayer, tras un tenso y polémico debate, el decreto-ley de ajuste fiscal, que se tramitará después de] verano como proyecto de ley. El PSOE recibió el único apoyo de la diputada de Euskadiko Ezkerra Arantza Mendizábal. El resto de la Cámara criticó, con argumentos de derecha y de izquierda, la subida de impuestos y en especial el aumento de la tarifa del IRPF. Solchaga concluyó que el Gobierno "había tenido que elegir entre lo malo y lo peor". El presidente Felipe González añadió que estaban dispuestos a asumir su impopularidad en solitario.

Carlos Solchaga habló de la situación económica internacional; la oposición, de la confianza interior en la política del Gobierno. El ministro se mostró contrario a una política expansiva o anticíclica por su ineficacia en una economía abierta; la oposición pidió -en mayor o menor grado- esas medidas presuntamente ineficaces y, a cambio, criticó la política procíclica del Gobierno. Solchaga insistió en que el aumento de impuestos no supondrá una elevación de la presión fiscal; la oposición criticó el aumento de presión fiscal a que lleva el decreto-ley de ajuste.El debate comenzó a las 9.45 de la mañana. Solchaga expuso, durante una hora, las medidas de aumento de impuestos y recorte de gastos que contiene el decreto, e intentó justificarlas por la difícil situación internacional. Aseguró que "la constatación del periodo recesivo en las economías industrializadas nos va a afectar claramente". En tal situación, añadió, queda "descartada una política de tipos de interés bajos" y otra fiscal expansiva, "porque llevaría el presupuesto a una situación peligrosa".

El ministro sentenció que el ajuste pone su mayor énfasis en el recorte del gasto y no en el aumento de impuestos. Afirmó en varias ocasiones que la presión fiscal no aumentará respecto a la prevista en los presupuestos de este año, sino que la subida del IRPF y el IVA intentará recomponer la recaudación que esperaban conseguir esos presupuestos. Criticó los posibles recursos de inconstitucionalidad del decreto pues, a su juicio, abundan "porque el Tribunal Constitucional tiene la mala costumbre de no cobrar costas".

Tabla de amortizaciones

Solchaga anunció además una "nueva tabla de coeficientes de amortización con efectos fiscales a partir del 1 de enero de l993". El Gobierno y la CEOE alcanzaron un acuerdo para diseñar esa nueva tabla durante lo que se denominó primera fase de la concertación social, en la primavera de 1990.El ministro aceptó "el freno y marcha atrás en el impuesto sobre la renta" pero intentó justificarlo porque, a su Juicio, "sólo afecta a un porcentaje pequeño de rentas". Solchaga añadió que esperan ingresar entre 400.000 y 500.000 millones hasta 1994 por privatización de empresas públicas.

A las 10.45 el portavoz del PP en el Congreso, Rodrigo Rato, subió a la Tribuna para criticar "el derrumbe del modelo económico del Gobierno que amenaza con arrastrar a la sociedad española al fracaso". Según Rato, la política económica del PSOE "ha arruinado la inversión", y ha llevado a la "desindustrialización" y a la "dependencia del ahorro extranjero". Rato acusó al Gobierno de falsear las cifras del déficit", llevar al Estado a una "suspensión de pagos técnica" y deteriorar "la competitividad" de la economía española.

Tras una prolongada polémica entre Rato y Solchaga, y la lógica defensa del ajuste por parte del socialista Juan Pedro Hernández Moltó, los diputados del grupo mixto se opusieron uno a uno al ajuste. Después, por el grupo vasco, Emilio Olabarría criticó las medidas por inconvenientes, carentes de legitimidad y antijurídicas, aunque no se pronunció sobre su constitucionalidad.

Tampoco Ramón Espasa, desde Izquierda Unida, o Miquel Roca, por Convèrgencia i Unió, pusieron en tela de juicio la constitucionalidad de las medidas, aunque ambos las atacaron con dureza.

Espasa, "desde la izquierda fiscal", criticó "la contumacia en mantener una determinada política económica"; dijo que su grupo "no quiere mayor presión fiscal pero sí más universalidad", y puso en duda la lucha contra el fraude del nuevo secretario de Estado de Hacienda. Pidió un cambio en la política económica, en la que "se distribuya más para crecer mejor" y criticó que los aumentos de impuestos recaigan siempre sobre los que pagan.

El portavoz de CiU en el Congreso, Miquel Roca, inició ayer su intervención recordando su colaboración con el Gobierno. Dijo que su oposición no responde a la impopularidad de las medidas sino a que "no sirven para nada". En opinión de Roca, el Gobierno "preocupado por dar una imagen de solvencia exterior puede perder su solvencia interior".

El principal problema para Roca es que el Gobierno ha lanzado el siguiente mensaje: "No estamos bien pero no se preocupen que el próximo año estaremos peor".