Denuncia contra la Diputación de Vizcaya por los pagarés del Banco Europeo de Finanzas

Un grupo de inversores guipuzcoanos ha denunciado a la Diputación Foral de Vizcaya ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por considerar que han incumplido el artículo 12 de la Ley del Mercado de Valores. La denuncia se presentó el martes pasado ante la CNMV y ayer mismo ante el Banco de España, después de dos requerimientos notariales en los que se solicitaba a la Diputación el pago de más de 200 millones de pesetas de pagarés forales emitidos en su día por el Banco Europeo de Finanzas (BEF) y vencidos tras la suspensión de pagos de la entidad.El grupo inversor controla cerca de 500 millones de pesetas en pagarés forales del BEF y lleva meses intentando, sin éxito, que alguien se responsabilice de su pago. Cuando Unicaja se hizo cargo del BEF, la mayoría de los acreedores de la entidad confiaban en que pronto se levantaría la suspensión de pagos y cobrarían los fondos invertidos.

Ante este panorama, los inversores presentaron un primer requerimiento notarial el 28 de mayo pasado, en el que solicitaban el pago de los 200 millones ya vencidos. La Diputación respondió entonces que todo dependía de las gestiones de Unicaja, lo que motivó un segundo requerimiento, con fecha 8 de junio, en el que se exigía un certificado por esos pagarés, que pertenecían al paquete de los de curso legal (FB), cosa a lo que también se negó la Diputación. La denuncia se refiere a esta última negativa que, a juicio de los representantes legales de este grupo inversor, va contra el artículo 12 de la Ley del Mercado de Valores.

Mientras tanto, los interventores judiciales que hacen el seguimiento de la suspensión de pagos del BEF acaban de presentar ante el juez Ismael Kirán una solicitud de convocatoria de junta de acreedores para el mes de octubre. En esa junta se tendrá que aprobar el convenio de acreedores, que requiere el voto favorable de 3/4 del pasivo en primera convocatoria y 2/3 en segunda. Las cosas se le han complicado más de lo previsto a Unicaja para levantar la suspensión de pagos, a pesar de ser el principal, acreedor del BEF, con 11.000 millones de pesetas de los 28.000 del pasivo exigible.

El principal problema que deberá resolver Unicaja antes de la junta es la negociación del pago de los pagarés forales, falsos y verdaderos, que han paralizado otros acuerdos. En estos momentos hay 3.000 millones en pagarés legales (FB), otros 1.050 en pagarés falsos (FV) y 2.300 millones más de activos opacos con la denominación en clave PN (pagarés negros).