El anillo de la M-40 es ya un dibujo completo

La paz habitualmente cuesta muy cara. En la polémica abierta para definir el trazado que errará la M-40 (la segunda gran ronda de circunvalación de Madrid) ya hay un precio, un recorrido y una firma que compromete a los responsables de las tres administraciones implicadas. Los 2..452 millones por kilómetro que habrá que gastar sólo en la construcción del tramo más polémico, el que pasa junto al monte de El Pardo, constituyen la inversión más alta en carreteras que el Ministerio de Obras Públicas realiza actualmente en España. La M-40, en cualquier caso, no estará terminada antes de cuatro años.

Después de nueve meses de discusiones, los políticos se felicitaron ayer mutuamente.El acuerdo -rubricado por el ministro de Obras Públicas, José Borrell; el presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, y el alcalde de la capital, José María Álvarez del Manzano- supone en primer lugar una modificación del convenio alcanzado en su día entre estas tres administraciones para realizar obras en Madrid. El nuevo pacto introduce un apartado distinto en el capítulo de las expropiaciones, que ya no deberán ser afrontadas en solitario por el Ayuntamiento. El consenso, en cualquier caso, pone fin sobre el papel al segundo gran anillo viario de Madrid (68 kilómetros).

Borrell recalcó ayer que para tomar la última decisión sobre el recorrido más idóneo del cierre de la M-40 (que transcurre junto a la tapia del monte de El Pardo, se adentra luego en una lengüeta unas 3,2 hectáreas y sale finalmente en túnel y más tarde en viaducto) se ha tenido muy en cuenta el impacto ambiental.

El ministro confirmó que el paso de la carretera por el monte en esta zona se hará unos metros en depresión. La curva, de unos 600 metros, no obligará a disminuir la velocidad de los coches -como también se había especulado desde posiciones críticas al proyecto- y permitirá ganar para el monte 1, 17 hectáreas de superficie residual.

Empezar de cero

La solución, sin embargo, no significa que la carretera vaya a entrar en servicio inmediatamente. La ejecución de las obras del último tramo, entre la carretera de La Coruña (N-VI) y la carretera regional de El Pardo, empezó ayer un nuevo proceso.Los planos redactados no sirven -fueron rechazados por Borrell en octubre por caros y peligrosos-, y los trámites deben empezar de cero (redacción del proyecto, declaración de impacto ambiental, información pública, alegaciones, concurso, adjudicación ... ). Todo ello supone un periodo de unos dos anos, a los que hay que sumar otros dos para ponerse con las máquinas a ejecutar las obras.

Los políticos se han puesto por fin de acuerdo en licitar cuanto antes este polémico tramo de sólo 3,6 kilómetros que se ha presupuestado en 8.827 millones de pesetas (2.452 millones por kilómetro). Borrell reconoció ayer que es la obra de infraestructuras en carreteras en marcha más cara de España. A este dinero, además, se le debe agregar la partida necesaria para afrontar las expropiaciones de seis chalés y 15 fincas afectadas directamente por el trazado.

Un kilómetro de autovía o autopista vale alrededor de 1.000 millones (como ha sucedido de promedio en la M-30 y la M-40). Los 18,1 kilómetros totales del cierre norte elevan esta cifra a 1.793 millones cada 1.000 metros, pero no llegan, en cualquier caso, a la de su tramo más polémico.

El ministro no quiso precisar ayer la cantidad que se necesitará para cubrir las expropiaciones y entendió "en su derecho" que los afectados planteen a partir de ahora una batalla jurídica. Esta negociación corresponderá al Ayuntamiento, aunque el dinero resultante será aportado en un 60% por la Administración municipal y en un 20%, en cada caso, por la Comunidad y el Ministerio de Obras Públicas.

El alcalde estima que el coste de las expropiaciones no superará en total los 1.500 millones de pesetas, casi la mitad de lo que calculó en su día el ministerio. Álvarez del Manzano y Leguina se mostraron preocupados por la repercusión sobre los propietarios de estos chalés, pero inclinaron la balanza "hacia el interés general de los madrileños sobre el particular de los vecinos".

Enrique Villoría, concejal de Obras, aseguró que el Ayuntamiento intentará conseguir un acuerdo pacífico con los propietarios, pero en caso negativo es tablecerá un justiprecio y esperará a lo que dicte el Tribunal Supremo, tras los sucesivos recursos, dentro de unos siete años. La obra no se parará ni retrasará más mientras dure este procedimiento judicial, según el edil.

Leguina, además, aportó su fórmula mágica para evaluar lo que hay que pagar por estas expropiaciones: "La declaración de patrimonio". Es decir, el valor que los dueños hayan declarado a Hacienda. El alcalde, por su parte, matizó: "El recorrido aprobado no es el óptimo posible, pero es el único sobre el que cabía un acuerdo".

Todos los políticos coincidieron en restar relevancia a las acusaciones sobre posibles intereses especulativos detrás de esta operación, y a las presiones políticas para variar el trazado. Borrell declaró incluso que le producían "hilaridad y tristeza".

El ministro subrayó que el nuevo trazado ahorra unos 8.000 millones de pesetas sobre el aprobado en su día por su antecesor en el puesto y que este dinero revertirá en el transporte colectivo en Madrid.