Bush y el aborto

EN ESTADOS Unidos, a falta de una ley sobre el aborto, el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo está consagrado y protegido por decisiones del Tribunal Supremo. La trascendencia de éstas es tal que son frecuentemente discutidas, llegando a provocar profundas polémicas sociales. Es el caso de la emitida la pasada semana sobre esta controvertida cuestión.Se entiende, por ello, que sucesivos presidentes hayan querido promocionar como miembros del Tribunal Supremo (un cargo que es vitalicio) a magistrados siempre de prestigio, pero asimismo representativos de las tendencias políticas hegemónicas en la Casa Blanca.

Tras 12 años de Administración republicana, la proclividad es claramente conservadora. Tanto Ronald Reagan como George Bush han imprimido un ritmo conservador al tribunal, para apoyar en él su esquema de transformación de la sociedad estadounidense. Dice mucho de la independencia de los jueces, sin embargo, que no apliquen indiscriminadamente los criterios ideológicos por los que fueron seleccionados. De hecho, tres de los nombrados por Reagan y Bush, y de quienes se daba por supuesto el conservadurismo a ultranza, han resultado firmes liberales en materia de aborto, pena de muerte y religión (la semana pasada, el tribunal declaró que era inconstitucional la obligación de rezar en las escuelas).

Pero también es cierto y lamentable que, de vez en vez, emitan sentencias regresivas verdaderamente escandalosas: hace bien poco, por ejemplo, autorizaron el secuestro en el extranjero de personas reclamadas por la justicia estadounidense. Esto es lo que hace importante que el sistema de división de poderes limite la capacidad del Supremo de elaborar normas subrepticiamente: con alguna frecuencia, el Congreso ha legislado en contradicción directa con lo dictaminado en una sentencia, recordando así al tribunal que debe limitarse a interpretar la norma, no a crearla.

Algo de esto puede acabar pasando con la cuestión del aborto. En 1973, en la famosa sentencia de Roe contra Wade, el Tribunal Supremo de Estados Unidos hizo historia al declarar que el derecho de una mujer a abortar se incluía en la restringida lista de "derechos fundamentales" protegidos directamente por la Constitución. Hace tres años, sin embargo, una nueva sentencia autorizó a los Estados de la Unión a imponer algunas limitaciones a este derecho. Cuando la Asociación de Planificación Familiar recurrió esta ley ante el Supremo, todos en Estados Unidos pensaron que, vista la composición del tribunal, la sentencia de Roe contra Wade sería anulada y se abriría el camino para la ilegalización del aborto.

El tribunal ha vuelto a sorprender: es cierto que ha dictaminado que el aborto no es un derecho directamente constitucional, pero lo ha hecho sin admitir lo que llama "carga desproporcionada" de una ley sobre el derecho a prescindir del embarazo. En otras palabras, ha cerrado el camino a los antiabortistas. Pero por muy poco (cinco votos contra cuatro).

El hecho fundamental ahora es que la decisión del Tribunal Supremo repercute directamente sobre la campaña presidencial. Porque antes de la elección de noviembre los defensores del aborto llevarán al Congreso un proyecto de ley sobre libertad de elección, un texto que garantizaría a las mujeres la posibilidad de abortar amparándose en la legislación federal y no en lo que parece crecientemente efímera sanción del Tribunal Supremo. ¿Cuál será la actitud del presidente Bush? ¿Vetará la ley, enajenándose así al voto femenino, o tendrá que aceptarla para no comprometer sus posibilidades de reelección?