Los trabajadores de Telefónica impiden la disolución de su antigua mutualidad
Los representantes sindicales de los trabajadores de Telefónica impidieron ayer la autodisolución de la Institución Telefónica de Previsión (ITP) al no presentarse a la Junta Rectora de la mutualidad, que debía adoptar esa medida. Una orden de la Dirección General de Seguros, fechada a mediados de mayo, da un plazo de seis meses para iniciar el proceso de disolución de la ITP.
A finales del pasado mes de diciembre, el Gobierno decidió integrar a los trabajadores de Telefónica en la Seguridad Social. Esto suponía la desaparición de la ITP, mutualidad que se encargaba de cubrir esas prestaciones sociales, y la creación de un plan de pensiones que ofrezca las prestaciones complementarias de las más de 88.000 personas (activos y pasivos) que dependen de Telefónica.Este doble proceso se está encontrando con muchas más dificultades de las previstas inicialmente. Ayer mismo, día en la que la propia ITP debía acordar su autodisolución, los representantes de los trabajadores en la Junta Rectora de la mutualidad paralizaron esa decisión.
La Junta Rectora está compuesta por 42 miembros, elegidos al 50% por la dirección de Telefónica y los trabajadores. Al no presentarselos representantes sindicales, no hubo quorum, con lo cual se paralizó la autodisolución.
Fuentes sindicales señalaron ayer que mantendrán la estrategia de impedir la disolución de ITP hasta que no se alcance un acuerdo entre el comité de empresa y la dirección de Telefónica en el plan de pensiones que sustituya las prestaciones complementarias de los trabajadores.
Sin embargo, la Dirección General de Seguros -órgano dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda- ya ha dictado una orden en la que se da un plazo de seis meses para que la disolución comience sus trámites efectivos.
En caso de que la Junta Rectora de la ITP no apruebe su autodisolución, ésta deberá ser dictaminada directamente por Seguros, tras estudiar las correspondientes alegaciones de las partes.
Por otra parte, la ITP -o en su caso Telefónica- debe hacer frente a un pago de 65.000 millones de pesetas como primer plazo del coste de la integración de la mutualidad en la Seguridad Social.
El coste global de la integración de los trabajadores pasivos (jubilados, viudas, huérfanos, etc) de Telefónica a la Seguridad Social asciende a más de 130.000 millones de pesetas.
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