La Ertzaintza investiga a cerca de 15 empresas vascas financiadas presuntamente por ETA

La Ertzaintza (policía autónoma vasca) investiga desde hace más de un año a cerca de 15 medianas y pequeñas empresas radicadas en el País Vasco que presuntamente han sido fundadas con dinero de ETA. Asimismo, se sigue indagando a fondo el impuesto revolucionario en relación con las grandes empresas. Éstas son las dos grandes vías por las que los servicios de información de este cuerpo estiman que ETA ha vertido compensando la falta de ingresos en los últimos años, derivada de la negativa de los pequeños industriales vascos y navarros a dejarse chantajear, según ha demostrado la operación ejecutada esta semana por la Ertzaintza a las órdenes del juez Carlos Bueren, titular del Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional.

La Ertzaintza investiga a las pequeñas y medianas empresas presuntamente fundadas hace unos años, en una época de mayor bonanza económica para ETA, con dinero de la organización terrorista. Estas firmas, radicadas dentro y fuera del País Vasco, habrían servido posteriormente para blanquear el dinero de la extorsión terrorista y repartir beneficios de manera estable a la organización sin los riesgos de operaciones como los secuestros. Además, estas firmas, de las que la Ertzaintza investiga una quincena en el País Vasco, han dado una ocupación, cuando no una tapadera, a miembros o colaboradores de ETA.Entre estas empresas hay algunas que incluso han podido verse beneficiadas por el trato de favor de algún ayuntamiento controlado por ediles próximos a la organización mediante contratos de obras. Fuentes de los servicios de información no descartan que cuando culmine esta larga investigación pueda estallar algún escándalo de corrupción municipal relacionado con la construcción que sólo sería distinto de los que han salpicado a PSOE y PP en que el beneficiario, en esta ocasión, es el brazo armado de alguna formación. Éntre estas empresas investiga!das se incluyen no sólo constructoras, sino también negocios del isector editorial y hostelero.

La policía y la Guardia Civil también han realizado indaga sobre este holding de ETA, pero los avances resultan harto complicados por la dificultad de demostrar la ilegalidad del origen del dinero con que se fundaron tales empresas sospechosas, algunas de ellas radicadas fuera del País Vasco, y con sede en Madrid y Cataluña.

Ello, pese a la convicción que se tiene sobre la génesis de negocios montados a golpe de millones en metálico, sin cheques de por medio, por individuos sin patrimonio conocido o por personas paradas.

El otro plano de la investigación es el impuesto revolucionario que ETA exige a grandes empresas, no ya a pequeños empresarios, con industria de tipo familiar, del tipo de los ya analizados. Los servicios de información sospechan que los directivos de algunas grandes firmas radicadas en el País Vasco han sido menos reacios a desprenderse en favor de ETA de un dinero que es ajeno, al contrario del caso del empresariado familiar. Estos directivos cuentan con la ventaja de que su compleja contabilidad hace más fácilmente ocultable un pago a la organización terrorista como un gasto más de tesorería.

Según fuentes antiterroristas, si ETA parece haberse obsesionado con la preparación de secuestros de consejeros de un banco con gran tradición en el País Vasto, se debe a la firme y contagiosa posición de dicha entidad de rechazar el pago del impuesto revolucionario.

La Ertzaintza desea contar con la ayuda de los departamentos de Hacienda forales para que escudriñen el menor pago sospechoso de las grandes entidades afincadas en Euskadi. "Es posible que alguna empresa haya incluso tenido o ejercido la tentación de no sólo simular un pago a ETA, sino encima desgravarlo", ironiza un mando de la Ertzaintza.

Por otro lado, Bueren sigue investigando la presunta participación de abogados del colectivo Berdin, próximo a HB, en esta trama del impuesto revolucionario. El último en pasar ante el juez para declarar ha sido Andrés Ormazabal.