El Gobierno argelino cerrará algunos centros de internamiento para integristas

Algunos de los siete centros de internamiento para militantes y simpatizantes integristas argelinos serán clausurados en las próximas semanas, según han asegurado familiares de los detenidos. Este anuncio ha coincidido con la publicación de un informe de Amnistía Internacional que denuncia las precarias condiciones de vida de los internados y recomienda al Gobierno su inmediata liberación.

Pocas horas después de que se hiciera pública la inminente clausura de algunos de los centros de internamiento, la organización Y¡had Islámica emitía un comunicado en Argel en el que anuncia para el próximo día 20 de junio el inicio de una guerra santa "hasta conseguir la caída del régimen". Según el comunicado, el primer objetivo de la organización sería el de matar a 1.000 personas entre soldados, policías, políticos y magistrados e incendiar 3.000 hectáreas de bosque. En medios políticos se asegura que este comunicado podría constituir una manipulación de los sectores duros de las fuerzas de seguridad, que tratan así de impedir las medidas de gracia esbozadas por el Gobierno y en especial la clausura de los centros de Regan, M'Guel e In Salah. En estos tres centros, las autoridades han concentrado a los militantes más irreductibles del movimiento integrista y cuyo número en total podría ascender a 4.000 sobre una población reclusa de 7.000 islamistas.Según los familiares de los detenidos, la clausura de estos tres centros no significa la libertad de los detenidos, ya que los militantes integristas serán llevados a otros campos situados más al norte de Argelia y donde las condiciones de vida son más aceptables. Permanecerán además activos los otro cuatro campos de internamiento localizados al norte de Argelia.

La clausura de estos tres centros de internamiento ha venido siendo recomendada por varias organizaciones locales de defensa de los derechos humanos, especialmente la Liga Argelina, quien ha alertado reiteradamente a las autoridades sobre los peligros que podría conllevar mantener a un gran número de reclusos en una zona donde en el verano se alcanzan con facilidad los 40 grados de temperatura y donde el suministro del agua es deficiente.

En esta misma línea se ha pronunciado recientemente el Observatorio de Derechos Humanos, que sustituye al ministerio desaparecido tras la llegada de Mohamed Budiaf al poder.