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La Delegación del Gobierno aplicara la 'ley Corcuera' contra la discriminación en los bares

Juan Carlos Sanz

La Delegación del Gobierno en Madrid aplicará la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (ley Corcuera) para sancionar las infracciones en materia de derecho de admisión en los locales de diversión. Así lo anunció ayer Rafael Salaverri, secretario general de la delegación, durante la presentación de la campaña contra la discriminación en el acceso a establecimientos públicos, en la que también participan la Comunidad y la Unión de Consumidores de España (UCE).

Entre otras disposiciones de la ley Corcuera -que sanciona como falta grave, por ejemplo, la tolerancia en el consumo de drogas en establecimientos públicos- figura la infracción de los reglamentos. Éste es el caso del de la regulación de espectáculos públicos y actividades recreativas, cuya vulneración implica una sanción de 50.000 pesetas, como falta leve, en caso de discriminación en el derecho de admisión. Sin embargo, el representante de la Delegación del Gobierno advirtió que la acumulación de tres sanciones de esta índole implica una falta grave, sancionable con una fuerte multa económica, e incluso con el cierre de los establecimientos. El cartel de Reservado el derecho de admisión no basta para prohibir la entrada a una discoteca o a un bar de moda. Es preciso que el criterio de restricción figure en la publicidad del establecimiento o esté anunciado en "lugares bien visibles", en los que figurarán los requisitos.

De esta manera, si no ha existido publicidad previa de las normas que regulan el derecho de admisión a un local no cabe prohibir la entrada a un posible cliente. Al mismo tiempo, los requisitos para el acceso, una vez fijados, tienen que aplicarse por igual a todos los ciudadanos -y muy especialmente a los jóvenes-, sin que pueda haber discriminación.

Tejanos y calcetines blancos

El acceso a bares, discotecas y salas de fiestas se presume libre -aunque haya que pagar la entrada- si no consta otra prohibición. En el Casino de Madrid, situado en el municipio de Torrelodones, no se puede entrar con pantalones vaqueros. En otros bares no se puede entrar con calcetines blancos o con playeras.Sin embargo, cualquier posible discriminación por razón de sexo, raza, nacionalidad o situación económica resulta inadmisible, según los responsables de la campafia Reservado el derecho de admisión. "Queremos dignificar el hecho de ser joven en Madrid", afirmó el consejero de Educación y Cultura de la Comunidad, Jaime Lissavetzky.

El director general de Juventud de Madrid, Arturo González, destacó que las policías locales se van a coordinar para aplicar las medidas contra la discriminación. Por su parte, la Delegación del Gobierno anuncia que los agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado actuarán "inmediatamente" ante las denuncias de los ciudadanos para "evitar que se produzcan incidentes de orden público".

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Por otro lado, un responsable de la Unión de Consumidores, Félix Llopis, aseguró ayer que en los dos últimos años se ha presentado un total de 200 denuncias por presuntas infracciones en el derecho de admisión en un centenar de locales madrileños. Llopis precisó que un 20% de las quejas correspondieron a "infracciones importantes".

Las negociaciones con la Asociación de Empresarios de Salas de Fiestas, Discotecas y Variedades de la Comunidad de Madrid no han incluido a los denominados "bares de moda", en los que se producen aglomeraciones durante los fines de semana. El aforo y las medidas de seguridad deben de ser tenidas en cuenta a la hora de fijar los criterios de acceso.

La Delegación del Gobierno se dirigirá también a la Junta Consultiva de Espectáculos Públicos para fijar un criterio sobre si debe facilitarse o no la hoja de reclamaciones a las personas que no han podido entrar a un establecimiento público, ya que, según la opinión de los propietarios de locales, no tienen la condición de clientes.

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Sobre la firma

Juan Carlos Sanz
Es el corresponsal para el Magreb. Antes lo fue en Jerusalén durante siete años y, previamente, ejerció como jefe de Internacional. En 20 años como enviado de EL PAÍS ha cubierto conflictos en los Balcanes, Irak y Turquía, entre otros destinos. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y máster en Periodismo por la Autónoma de Madrid.

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