La justicia de Uruguay encarcela a 13 etarras por usar documentos falsos

La juez Milka Núñez, titular del Juzgado número 9 de Montevideo (Uruguay), decretó ayer el ingreso en prisión de los 13 presuntos activistas españoles de ETA detenidos en esta capital el pasado viernes por poseer documentación falsa. Aunque todos han reconocido ser de ETA, la juez sólo les ha procesado por el mencionado delito, con una pena de seis meses, y no por el de asociación de malhechores, tan empleado por Francia para endurecer las penas de los terroristas apresados en su territorio. Esta actitud de la juez uruguaya deja la puerta abierta para agilizar la extradición.

La juez ordenó la puesta en libertad del resto de los detenidos en la redada del viernes, todos ellos uruguayos.El director de Información e Inteligencia de Uruguay, Saúl Clavería, admitió ayer que esta operación -en la que también han sido procesados y encarcelados dos uruguayos por colaborar en la citada falsificación de documentos- no está cerrada. Prosiguen las pesquisas y se prevén más detenciones. Responsables de la investigación fueron aún más explícitos en privado: "Sabemos que hay más etarras en Uruguay". Estas fuentes declinaron precisar si entre los etarras aún buscados figura Juan Jesús Narváez Goñi, Pajas, compañero de armas de Rosario Delgado, la principal detenida en la operación. Responsables de la lucha antiterrorista española confirmaban el pasado domingo que ambos habían sido vistos en este país días atrás.

La policía uruguaya facilitó ayer una lista de detenidos en la que no aparecen Francisco Javier Leguina Astorquiza y Juan Sarasola Arbín, como en un principio se difundió. En cambio, consta el nombre de María Lourdes Zorruzua Elberdin.

Las autoridades uruguayas de Interior han comunicado al departamento que dirige José Luis Corcuera su temor a que la Embajada de dicho país en Madrid pueda sufrir represalias y han pedido protección.

Guerrilleros tupamaros

Entre los flecos de esta investigación, cuya paternidad reclama para sí Uruguay, se hallan las conexiones entre los etarras y los guerrilleros locales tupamaros, quienes han pedido asilo político para los vascos.

La investigación partió de la observación, hace año y medio, de dos personas que compraban el 50% del afamado restaurante vasco La Trainera, en Montevideo. La pareja pretendía ser uruguaya, pero algo encajaba mal: su fuerte acento vasco cuando no el uso frecuente del euskera y el hecho de que todo el barrio conociera al hijo de ambos por el escasamente uruguayo nombre de Kepa. Se trataba de los activistas Miguel Ibáñez Oteiza y Amaya Arakistain Unamuno.

Un elemento casual propició un gran avance. Fue cuando la policía uruguaya vio unas imágenes de TVE con la imagen de un presunto etarra, apodado El Renco. Clavería hizo apretar entonces el cerco. Se averiguó que el cocinero de otro restaurante vasco de Montevideo, el Boga Boga, era el activista Ramón Ángel Hernández Gabiola. Se amplió la investigación a los trabajadores y clientes vascos y se hizo un seguimiento durante meses.

Los responsables de la investigación de ambos países decidieron tirar del hilo. De los cerca de 30 detenidos, sólo 15 permanecen hoy en prisión. Entre ellos figuran reservistas y activistas muy fogueados. Los servicios de inteligencia de Uruguay y España coinciden en que este santuario no suponía un apartamiento definitivo de la lucha armada, sino sólo un lugar para escapar del acoso policial. De hecho, mandos antiterroristas españoles no dudan en que hoy el problema de los etarras es que ignoran qué información tiene Interior tras el golpe de Bidart.