Los ministros de Cultura de la CE continúan divididos sobre la circulación de obras de arte

Los ministros de Cultura de la CE echaron ayer en Bruselas el primer pulso sobre los proyectos de directiva y reglamento para impedir la exportación ilícita de obras del patrimonio histórico artístico. Los Doce aceptan limitar la libre circulación de bienes culturales porque no son una simple mercancía, pero siguen divididos sobre el alcance de las normas de control que puede imponer cada Estado miembro. España se presenta como el paladín de los proteccionistas, y el Reino Unido como el de los liberalizadores.

La división de intereses entre los Doce responde a un sur de la Comunidad, rico en patrimonio histórico artístico, frente a un norte pobre en obras de arte pero con poderosos marchantes dispuestos a adquirirlas.El enfrentamiento obedece también a una situación legislativa muy dispar, agravada en el caso de España, Italia, Francia, Grecia y Portugal por la dificultad de elaborar inventarios completos de los millones de obras de arte existentes y de las que faltan por localizar.

El Gobierno español fue quien inició la batalla en 1989 para hacer prevalecer que el arte y la cultura son campos al mar gen del mercado único y, por tanto, la riqueza de la CE es la diversidad o la suma de la que in dividualmente tiene cada uno de los Doce. Ante la presión española, la Comisión Europea aprobó el pasado 15 de enero sendas propuestas de directiva y regla mento que regularán, a partir del próximo 1 de enero, los intercambios de patrimonio entre los Estados miembros y unificarán las condiciones de exportación hacia países terceros.

La de ayer fue la primera oca sión en que los ministros de Cultura debatieron los nuevos pro yectos. Las posturas están lejos de un acuerdo, aunque "hace falta sentar las bases del sistema con urgencia", según el ministro Solé Tura. España figura entre los países que no quieren renunciar a la competencia nacional en esta materia a la hora de establecer una definición común.

Ventas ilícitas

Cada Estado podrá imponer un régimen de autorizaciones a la exportación, incluso si trata a otro país de los Doce que integrarán el mercado único de 1993. El principio del sistema se basa en el derecho de recuperar una obra vendida ílicitamente. El plazo para la reclamación, según la propuesta, prescribirá a los cinco o seis años de detectada la venta o, como máximo, a los 30 años de realizada la transacción. El Reino Unido quiere rebajar esos períodos a un mes y seis años, respectivamente.

En el derecho a una "indemnización justa" también surgieron las diferencias, pues Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Alemania, se niegan a invertir la carga de la prueba, en el sentido de que es el Estado reclamante quien debe probar que la adquisición no se hizo de buena fe. España, Grecia, Francia, Portugal e Italia pretenden que es el comprador quien debe demostrarlo y prevalecer así en esta materia la jurisprudencia sobre la recuperación de cosas robadas.

El Estado que recupera una obra se verá obligado a indemnizar, aunque podrá exigir luego ese dinero a quien realizó la venta ilícita. Sin embargo, frente a la tesis del precio equitativo, el Reino Unido quiere imponer la cotización del mercado. El ámbito de aplicación es otro frente abierto. Los criterios de antigüedad y especialmente los del valor económico del bien exportado son objeto de contestación. Los baremos van desde una antigüedad mínima de 100 años para los descubrimientos arqueológicos a al menos 975.000 pesetas de cotización para grabados, estampas y litografías. Los libros sometidos a control tendrán que tener una antigüedad de un siglo, en lugar de dos como estaba previsto inicialmente. En cuanto a cuadros y pinturas, siempre de artistas muertos, la autorización prevía para la exportación sólo se exigirá a los de valor superior a 9,75 millones de pesetas. El Ministerio de Cultura no está de acuerdo con estos criterios mercantiles.