Un juez a prueba de bombas

Antonio di Pietro, de 41 años, el magistrado que dirige la investigación del escándalo de Milán, tiene desde el jueves coche blindado y escolta, pero hasta ahora nadie ha osado ni siquiera poner en duda su imparcialidad. Y eso que, en Italia, el juez que intenta meter entre rejas a un político suele sufrir de inmediato la agresividad y las descalificaciones más despiadadas.

Posiblemente le ha ayudado el hecho de que no se le conozcan conexiones con ningún partido y de que en sus numerosas investigaciones nunca haya hecho distingos entre siglas. Pero también su perfil poco preciso, incluso en estos momentos de celebridad. Se ha dicho, por ejemplo, que fue seminarista, pero no está claro. Más seguro es que nació en una familia campesina de la región de Molise. (centro del país) y que a los 20 años trabajó de metalúrgico en Alemania. Hasta los 25 no empezó la carrera universitaria. Se licenció en Derecho, pero sus primeras experiencias con la ley fueron de policía. Ejerció de comisario en Milán, donde combatió la droga. En 1981 accedió a la magistratura, y en 1985 pasó a Milán, donde, como teniente fiscal, ha investigado varios casos de corrupción similares, aunque menos espectaculares, al de ahora.

Su método es la tenacidad. La investigación en curso comenzó el pasado 17 de febrero con la detención de Mario Chiesa, socialista y presidente de un centro municipal milanés para el cuidado de ancianos. Chiesa había sido previamente denunciado por un pequeño empresario que se resistía a pagarle 600.000 pesetas por una comisión solicitada. Tres días más tarde, Di Pietro había descubierto y congelado 12.000 millones de liras en cuentas relacionadas con el socialista, y para el 12 de marzo había llamado a declarar a buena parte de los empresarios que habían obtenido comisiones de Chiesa.

Los que confesaban volvían a casa. Los que no, quedaban entre rejas hasta que, abrumados por el encierro y la presentación de pruebas complementarias, hablaban.