Las estafas de Milán

Milán, y con ella toda Italia, sufre el trauma de haber descubierto lo que los italianos, incluidos los milaneses, sabían: que las adjudicaciones de obras y servicios públicos se logran mediante el pago de una comisión al político que las otorga. Pero el resultado de 11 políticos detenidos, pertenecientes a los tres partidos mayoritarios -Democracia Cristiana (DC), Partido Socialista Italiano (PSI) y Partido Democrático de la Izquierda (PDS)-, otros cinco formalmente sospechosos y 15 empresarios encarcelados eleva el descubrimiento a unas cotas de escándalo desconocidas.

El escándalo ha provocado la dimisión de la Junta Regional de Lombardía y plantea una certeza también inédita: el tráfico de estas comisiones constituye una monumental estafa al contribuyente, dado que los empresarios facturan a los organismos públicos que les contratan las cantidades pagadas en demasía. Lo ha dicho uno de los implicados, el ministro socialista Carlo Tognoli, ex alcalde milanés, quien, aun negando las responsabilidades que se le imputan, afirma: "Estas cosas ocurren también en otros países, como Francia o Estados Unidos. La diferencia es que allí los costes reales se respetan".En Italia no es así. La nueva sede del Piccolo Teatro di Milano, la célebre compañía que dirige Giorgio Strehler, ha costado ya a la comunidad 72.000 millones de liras (6.000 millones de pesetas). En 1978, su presupuesto era de 10.000 millones de liras. Y al hilo de esas obras siempre sospechosamente lentas, tres políticos de relieve pasan ahora apuros ante el juez Antonio di Pietro, porque uno de los contructores del Piccolo se ha declarado "cansado de la ley del 5%" y ha cantado las cuarenta.

El juez investiga, en efecto, si es verdad, como dice el empresario mencionado, que Paolo Pillitteri, alcalde milanés después de Tognoli y cuñado del líder socialista, Bettino Craxi, percibió una comisión cobrada por Epifanio li Calzi, arquitecto ex comunista y ex responsable municipal de obras públicas, que posteriormente, al parecer, actuó de intermediario en otro pago relacionado con las mismas obras destinado al concejal del PDS Massimo Ferlini. El denunciante sostiene además que tanto Pilliteri como Ferlini y Li Calzi utilizaron toda su capacidad de coacción para que pagara.

La construción de una tercera línea metropolitana ha sido otro filón importante de estos presuntos pagos ilegales, pero Di Pietro, que investiga una suma global próxima a los 15.000 millones de pesetas, tiene a su disposición toda clase de historias. La prueba es que en sus archivos figuran desde Franco Uboldi, un modesto empresario de limpiezas que estaba pagando una comisión de 600.000 pesetas, hasta los consejeros delegados de tres de las mayores constructoras italianas. Simultáneamente, en el sector de los políticos han caído los dos ex alcaldes socialistas citados y Gianstefano Frigerio, secretario regional de la Democracia Cristiana lombarda, por citar algunas de las figuras destacadas, junto a otros modestos desconocidos.

De la investigación judicial se deduce que en Milán -y nadie piensa que éste sea un caso aislado- operaba todo un sistema por el que los políticos, y probablemente los partidos, lograban saltarse los límites de unos presupuestos ya generosos y la ley de financiación pública. En dicho sistema han confluido empresarios, que falseaban los concursos mediante acuerdos de ofertas máximas y mínimas, con los que se repartían las adjudicaciones y absorbían como coste facturable las comisiones pagadas. Y también hay indicios de la existencia de compromisos entre los partidos para el reparto de esos fondos, como es el hecho de que un asesor comunista cobrara comisiones por cuenta del alcalde socialista, o como la confesión de Sergio Soave, un dirigente ex comunista detenido, que ha admitido haber cobrado más de 1.000 millones de pesetas en comisiones para repartirlas entre el PCI y la DC en años en que esas dos formaciones se enfrentaban duramente en las tribunas políticas.

Por todo ello, el escándalo de Milán representa para los políticos italianos un mazazo aún más fuerte que el voto de castigo a la partitocracia que encajaron mal el pasado 5 de abril. Craxi y los socialistas han sido inicialmente los más perjudicados por este nuevo golpe, ya que, con su mensaje de modernidad, fueron los rectores de los destinos de la capital lombarda en los opulentos años ochenta. Pero las críticas de los otros grandes partidos han amainado, a medida que esta ola de corrupción les alcanzaba.

El hijo de Craxi

El PSI y la DC han tenido que cambiar apresuradamente las cúspides de sus organizaciones regionales, lo que para Craxi ha supuesto apartar a su propio hijo, Bobo, de 28 años, de la secretaría milanesa. El PDS ha propuesto la salida inmediata de todos los políticos de las empresas municipales, que mueven al año más de 300.000 millones de pesetas.Pero lo que cada vez más se reclama es la revisión de la ley de financiación de los partidos políticos, en la que se inspiró la española, para atajar una situación que ahora todos lamentan y de la que nadie se responsabiliza en primera persona. Incluso los empresarios tienden a suspender los ataques a una clase política a la que últimamente habían fustigado con insistencia y apoyan esta propuesta.

Quedan dos grandes interrogantes: ¿dónde terminará la investigación judicial?, ¿quién en estas circunstancias se atraverá a presentarse como candidato a la presidencia de la República?.