La otra corrupción

LA CONDENA por prevaricación dictada por la Audiencia de Burgos contra el alcalde de la ciudad, José María Peña, parece que no va -a la luz de las primeras reacciones de los interesados- ni con el edil condenado ni con la formación política. que lo arropó en su momento para ocupar dicho cargo: el Partido Popular. Escudándose en los electores, el primero se ha permitido desafiar el dictamen de los jueces declarando (si a sus disparatadas palabras contra todo el mundo se le pueden calificar de declaraciones) que a él sólo le echarán del ayuntamiento los votantes. Mientras tanto, la cúpula del PP, con su máximo dirigente, José María Aznar, a la cabeza, ha preferido mirar hacia otro lado y dar tiempo al tiempo escudándose en su caso en que la condena no es firme todavía y que es recurrible ante el Supremo.La actitud del alcalde condenado frente a la sentencia que le ha inhabilitado durante 12 años para ejercer el cargo muestra, entre otros aspectos, el peregrino concepto que tiene del mandato popular. De acuerdo con su manipuladora interpretación, la confianza popular expresada en la urnas podría ser utilizada por quien la recibe como patente de corso para hacer lo que le venga en gana, e incluso para delinquir. Todo lo contrario de lo que convierte al sistema democrático en el menos imperfecto de los conocidos por cuanto permite cambiar mediante el votó a sus representantes y controlar su gestión.

Es cierto que la sentencia condenatoria contra el alcalde de Burgos le afecta a él en primer término, pese a que no quiera darse por enterado de sus consecuencias. Pero lo que puede ser admisible como reacción crítica de la resolución judicial -ha llegado a calificarla de "bodrio aberrante"- no lo es en ningún modo en cuanto rechazo de su cumplimiento. El carácter no firme de la sentencia y su posible recurso ante el Supremo no atenúan la gravedad de los hechos declarados probados: el rosario de resoluciones dictadas entre los años 1984 y 1988 por órganos municipales presididos por el edil condenado que favorecieron de manera injusta, en la concesión de contratas de obras públicas, al constructor burgalés Antonio Méndez Pozo, también condenado por varios delitos continuados de falsedad en documento público.

.Son hechos y resoluciones judiciales en los que están condenados otros dirigentes locales del PP, por lo que difícilmente dejan de afectar al partido político que decidió, en su momento, elegir para sus listas electorales a un personaje tan peculiar como el edil ahora condenado. No puede, por tanto, dar la callada por respuesta cuando un tribunal de justicia imputa la comisión de un delito de prevaricación, sin duda uno de los más deshonrosos para un responsable público, a quien presentó ante la ciudadanía como el candidato idóneo. Y con mayor motivo cuando quien tomó esa arriesgada decisión fue el que era entonces presidente del PP en Castilla y León y que hoy es su máximo dirigente a nivel nacional, José María Aznar.

Un partido al que no basta una condena por corrupción política para desvincularse de quien ha sido merecedor de ella no puede pretender que sea creíble su actitud de denuncia cuando aflora en otros frentes políticos. El PP parece estar más interesado en la corrupción política como arma de desgaste del partido del Gobierno que como síntoma de degradación de la vida pública; se comprenden así las dificultades que encuentra en el camino. de articular una alternativa política verosímil a los ojos de la mayoría. Paralelamente, también revela un grado de ceguera peculiar la pretensión de Alfonso Guerra de establecer un paralelismo con su caso al exigir ahora la dimisión de Aznar. Guerra debió dimitir de inmediato ante la evidencia de que el enriquecimiento súbito de su hermano tuvo por única causa la utilización de su parentesco con el entonces vicepresidente. Se equivocó, y el escándalo de Burgos no borra ese grave error.