Intimidad a la venta

Cuatro meses después de que se descubriera la existencia de una empresa que vendía datos personales de 21 millones de españoles, las diligencias correspondientes duermen en un juzgado de Móstoles (Madrid). Todos los implicados están en libertad y el juez ha denegado la intervención de la base informática sobre la cual habían montado su negocio. También duerme en el Congreso el proyecto de ley de protección de datos informatizados.

Joaquín González López, de 56 años, parece haber tenido varias obsesiones en los últimos años: los funcionarios, los coches de Andalucía, los DNI y las viudas. Propietario de la empresa Publigest, ingresó en la prisión de Carabanchel, en Madrid, el pasado 10 de enero como presunto jefe de una red de venta de datos informáticos. Junto a él fueron detenidas otras 10 personas.Pero antes de este traspié carcelario, las investigaciones judiciales, entre las que se,incluye la grabación de las conversaciones telefónicas de González López, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, ponían en evidencia un submundo en el que la venta de datos personales se ha convertido en moneda corriente, alentada además por un mercado en el que participan desde empresas conocidas hasta cajas de ahorro o bancos.

Sólo cinco días después de estallar este escándalo, que evidenciaba la indefensión de los ciudadanos españoles ante los traficantes de datos personales, todos los detenidos estaban en libertad. Las 2.000 cintas magnéticas con millones de datos decomisadas por la policía no fueron suficientes para mantenerlos en prisión, ante la inexistencia de una ley en vigor que proteja los datos informáticos.

Presiones a un funcionario

Las conversaciones de Joaquín González López describen un mundo competitivo y duro, con millones de pesetas en juego. Una de las charlas intervenidas con una trabajadora de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Rosario, "una sobrina de un arnigo", está destinada a conseguir su intermediación para que otro funcionario entregue pl listado de los coches de Andalucía. Se desarrolló así:Joaquín. Mira, no sé cómo decirte, ahí hay unos millones de pesetas, ¿comprendes?, o sea que... si ves que puedes hablar, ya sabes que eso es delito.

Charo. Sí, ya, pero el problema es que este hombre es muy estricto.

J. Bueno no sé, pero...

Ch. Es que es de estos funcionarios que son cerrados a cal y canto. Le veo muy estricto, muy antipático, es que es un problema que no da buena facilidad para introducirse, eso es lo que yo vi cuando fui a hablar con él. (... ) Me dijo que esto no podía ser, me lo dijo así de una forma como muy sin posibilidades (...)

J. Mira, si te parece, tú puedes concertar con él una entrevista conmigo, donde yo, con un PC de esos transportables, un ordenadorcito, con cualquier teléfono, me conecto con mi despacho y le demuestro que tengo el resto de España, ¿comprendes? O sea, que me pregunta por esta matrícula, por esta otra, por este señor, por el que sea y vemos que todo eso está allí. Que se le puede hacer una demostración, y claro, ve que falta Andalucía, y es que los andaluces somos menos. Tú, como andaluza que eres...

Ch. Otra cosa que se puede hacer es ( ... ) comentarle que estás dispuesto a hablar con el director general de Industria.

J. Vale, como tú lo veas; pero que lo consigamos, porque hay un dinero ahí que...

Ch. ¿Y por. otros contactos no se puede conseguir?

J. Si es que, mira, ahora, este mismo hombre que lo tiene ahí.... Pues yo se lo pedí para hacer unos estudios para una cuestión... que es mentira, para una cuestión de seguros...

La conversación continúa por otros temas hasta que Joaquín González pide a la mujer que insista ante el funcionario.

J. ( ... ) Entonces, a ver si por casualidad me arreglas eso..., par a la semana próxima no, la otra; pues o bien desplazarme allí para finiquitar y hablar de pelas en condiciones,porque es delito, en cuanto tú dices: "Oye, esto vale tantas pesetas", es delito de esas pesetas, ¿comprendes?, entonces hablar de que podía haber, pero no.... Claro, eso sería...

J. Extorsión.

Joaquín sabe que sobornar a un funcionario es delito (no extorsión, sino cohecho), pero quiere la relación de coches de Andalucía, la única que le falta a este hombre, que se define como industrial, para tener el censo total de automóviles.

Pero ésta no es su única aproximación a un funcionario. Joaquín González reconoce que en 1985 compró "por 150.000 pesetas a una persona que trabaja en el Ministerio de Hacienda, que posiblemente sea funcionario del mismo, un listado sobre empresas jurídicas". Y también reconoce que tiene contactos con César Cabeza Álvarez, otro funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, jefe de una sección de informática, al que conoció a través de Javier el Ruedas, "un amigo común de la infancia", según César Cabeza.

De este funcionario, González afirma que le entregó "personalmente una cinta magnética conteniendo unos números de afiliación a la Seguridad Social para que éste los completase con el número de identificación fiscal (DNI más una letra). Que este trabajo "era gratuito", y que no se lo había devuelto. Una entrega que no es reconocida por el funcionario en su declaración a la policía.

Pero hay más. Según la denuncia presentada por Óscar Gallardo, director técnico de la empresa de ordenadores controlada por González López, éste también "se interesó por establecer una relación entre las declaraciones de la renta y el resto de los datos de la base, "para establecer las posibles anomalías a nivel de empresas e individuos". Un trabajo que quedó sin hacer, pero que deja patente que la intimidad de los españoles hace ya mucho tiempo que se compra y se vende.