El juez acusa a 11 personas del accidente radiactivo del Clínico de Zaragoza

El juez Javier Seoane, encargado del proceso sobre la avería del acelerador de electrones del hospital Clínico de Zaragoza, que ha causado ya el fallecimiento de 19 pacientes, anunció ayer la apertura de juicio oral contra 11 personas relacionadas directamente con el hospital y el funcionamiento del acelerador. El magistrado las considera culpables de "un accidente radiactivo" en el que resultaron afectados 27 pacientes.

Entre los acusados figuran la propia directora del hospital Clínico, Rosario Jaquotot, y el técnico de la empresa General Electric España Mariano Compte, que fue quien reparó el acelerador días antes de la avería. El aparato permaneció averiado entre los días 10 y 20 de diciembre de 1990. El juez Seoane señala en el escrito de apertura de juicio oral que Mariano Compte, al realizar una reparación el 7 de diciembre de 1990, manipuló los controles del acelerador de tal forma que, con independencia de la energía seleccionada en el pupitre de control, se producía una irradiación a la máxima potencia. Los enfermos oncológicos que fueron tratados en los días en los que el acelerador estuvo averiado sufrieron los efectos del exceso de radiaciones.

El magistrado señala, asimismo, que la máquina era manipulada por varias personas de las que sólo algunas tenían la correspondiente licencia del Consejo de Seguridad Nuclear. Este extremo quedó confirmado durante las declaraciones en el proceso sumarial de algunos de los encargados del acelerador y responsables del Clínico.

Javier Seoane ha fijado una fianza conjunta de 600 millones de pesetas y considera responsables civiles subsidiarios a la compañía General Electric España, empresa fabricante del acelerador y encargada de su mantenimiento, al Insalud y a la Administración central del Estado. El juez ha denegado la petición de responsabilidad civil para el Consejo de Seguridad Nuclear y exonera de toda responsabilidad al resto de personas, hasta 20, que declararon como testigos o aparecían inculpadas en el proceso, según las solicitudes de los abogados de la acusación.

La defensa dispone de cinco días para presentar su escrito ante el juez y se prevé que solicite la libre absolución para sus patrocinados.

El fiscal del caso, José María Rivera, solicitó en su día seis meses de prisión para nueve de los inculpados y una indemnización de 15 millones de pesetas para cada uno de los pacientes afectados.

Descoordinación en el hospital

El fiscal Rivera solicitó la apertura de juicio al considerar que hubo "descoordinación" entre los diferentes servicios del hospital, así como "rutina en el trabajo". El fiscal apuntaba en su escrito que las ATS no disponían de licencia adecuada para manipular el acelerador.

El fiscal acusa a los inculpados de un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte, por el que solicitará una indemnización solidaria con cargo al Insalud y General Electric de 15 millones de pesetas para cada una de las víctimas. El ministerio fiscal considera que existió una relación causa-efecto entre la avería y el fallecimiento de al menos 15.de las 19 personas.

El portavoz de la asociación de afectados, que engloba a parte de las víctimas, José María Mariñoso, declaró ayer que el juez debería haber insistido más en la responsabilidad civil y penal de la compañía General Electric. "La mayor responsabilidad recae en esta empresa, aunque también el Clínico tenga la suya", dijo.

Esta asociación solicitó aljuez que llamara a declarar a directivos de la citada empresa "para que respondan de su responsabilidad penal y directa al haber encargado la reparación de la máquina a un empleado que no estaba capacitado y para lo que carecía de licencia".

El accidente de Zaragoza desató la polémica sobre la protección radiológica en tratamientos médicos, tanto desde el punto de vista de la formación de profesionales como de la calidad de las instalaciones.

También fue un revulsivo en el seno de la Sociedad Europea de Radioterapia y Oncología, que instó la urgente elaboración de una normativa europea para garantizar la calidad de los tratamientos. Los responsables de este organismo consideran hoy zanjado el caso de Zaragoza, no sin antes considerar los hechos como "una cadena de errores humanos irrepetible en el mundo".