Indicios de negligencia de las autoridades mexicanas en la catástrofe de Guadalajara

Viene de la primera páginaSin embargo, la empresa cuestionada emitió un comunicado en el que se deslinda rotundamente de cualquier responsabilidad con relación al siniestro. Más aún, La Central sugiere que podrían ser las gasolineras próximas a la zona afectada las causantes de la tragedia.

La batalla de acusaciones continúa mientras los equipos de rescate desescombran el barrio de Reforma para exhumar los cadáveres que, en alto número, se supone que están enterrados todavía bajo las ruinas de centenares de viviendas.

Muchos de los cuerpos aparecen espantosamente mutilados, lo que dificulta la labor de identificación, que sólo en algunos casos es facilitada por los que habitaban la casa y se animan a hacer guardia en el lugar mientras se remueven los cascotes para localizar a sus familiares muertos o atrapados.

Todo ello con un agravante, el riesgo de nuevas explosiones que podrían ocurrir en cualquier momento debido a la acumulación del gas en puntos desconocidos de esta zona que parece minada. Ayer fue detectada una importante fuga de gas o evaporación de combustible a tres kilómetros del barrio que estalló el miércoles. Los hospitales apenas han comenzado a recuperarse del colapso que se produjo tras la tragedia, con la afluencia masiva de heridos.

El Gobierno de la República envió de inmediato a Guadalajara las medicinas indispensables para los primeros auxilios y prometió todo el apoyo necesario para suplir las carencias materiales de los miles de damnificados que acampan a la intemperie después de haberlo perdido todo.

El propio presidente, Carlos Salinas de Gortari, decidió viajar a la capital tapatía poco después de conocer la dimensión del suceso y dio un plazo de 72 horas para contar con una investigación de la catástrofe. Durante su recorrido por las ruinas del barrio de Reforma se produjo un incidente que habla del celo de las autoridades locales por mantener las apariencias, aun con todas las evidencias en contra.

En un momento dado, Salinas de Gortari solicitó al gobernador del Estado de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri, entrevistarse con algunas de las personas afectadas por la catástrofe. El gobernador, manteniendo el tipo, respondió: "No va a ser posible, señor presidente, ya no queda ningún vecino aquí". La ceremonia se imponía una vez más a la realidad. La disculpa del gobernador de Jalisco responde a un estilo de mando que ha causado indignación entre los vecinos del barrio de Reforma, quienes señalan la desidia de las autoridades ante una tragedia que se podía haber evitado.

Veinticuatro horas antes de las explosiones, los propios vecinos habían denunciado el fuerte olor a, gas que se extendía por la zona, pero sus demandas no fueron atendidas. Como tampoco lo fue la voz de alarma dada por el diario de Guadalajara Siglo 21 un día antes de que el gas reventara el barrio. El periódico alertaba ya entonces sobre la concentración de "solventes de alta peligrosidad" en la red de alcantarillado que surcaba buena parte de la zona afectada.

La tragedia ocurrida en Guadalajara, con un saldo que supera ampliamente los 200 muertos, más de 1.000 heridos y numerosos desaparecidos, cuenta con antecedentes en este país. Basta con reseñar el ocurrido el 19 de noviembre de 1984 cuando una enorme explosión destruyó la terminal de gas de Petróleos Mexicanos (Pemex), localizada en San Juanico, a escasos kilómetros de la capital mexicana.