Precios sin competencia

LA UNIÓN económica y monetaria está un poco más lejos para España desde que el pasado lunes se hiciera público el aumento registrado por los precios en el mes de marzo. El incremento del 0,4% sitúa la tasa de inflación en la cota más alta desde octubre de 1990 y se lleva por delante, en sólo tres meses, la mitad del objetivo que el Gobierno se ha marcado para todo el año. Además, el índice de marzo vuelve a poner de manifiesto la necesidad de actuar rápidamente en la desregulación de determinados sectores de la economía que, a resguardo de la competencia exterior, trasladan a los consumidores no sólo sus costes laborales o salariales, sino todas sus ineficiencias.Mientras los precios de los bienes industriales se mantienen desde hace seis meses ligeramente por encima del 4%, los precios de los servicios están en el 10,8%, prácticamente al mismo nivel que en febrero del año pasado. Acercarnos a Europa supone reducir las tasas de inflación y ello requiere actuar allí donde ésta se muestra más resistente. Ya en agosto del año pasado el vicepresidente del Gobierno indicó la necesidad de atacar por este frente. Pero las medidas liberalizadoras adoptadas hasta ahora no se han mostrado suficientes, como bien reflejan los datos. Bien es verdad que la más importante de todas, la liberalización anticipada del movimiento de capitales, sólo puede tener efectos sobre el consumidor a largo plazo y siempre que vaya acompañada de una política monetaria más relajada. El resto se quedó en el anuncio de reducción de aranceles, obligatorio en todo caso por nuestra pertenencia a la Comunidad Europea.

El ministro de Economía rechaza ahora la posibilidad de acometer medidas de desregulación al margen de las que prevé el programa de convergencia. Pero éstas, ni son nuevas, ni de su lectura se deriva que vayan a tomarse con la rapidez que cabría esperar a tenor de los datos de inflación. Por ejemplo, el Tribunal de Defensa de la Competencia no tendrá que presentar hasta el último trimestre del año un estudio de legislación sobre precios administrados, exclusividades, monopolios y condicionamientos al ejercicio profesional (colegiación obligatoria). Y, según dice el propio plan de convergencia, será ese estudio el que suministre la información necesaria "para llevar a cabo la mayor parte de liberalización pendiente de nuestro sistema productivo", que, en consecuencia, no se acometerá antes de fin de año.

El plan incluye actuaciones para eliminar comportamientos monopolistas, pero también en este caso se trata de medidas marcadas por Bruselas. Prevé también, pero sin fijar plazos, iniciativas tendentes a la eliminación de cláusulas oscuras en los contratos con entidades bancarias o aseguradoras. Pero más que en función del índice de precios, esas medidas eran obligadas por motivos de decencia. Tampoco hay fechas para las reformas en sanidad ni para la eliminación de organismos públicos.

En definitiva, sólo tienen plazo fijo el recorte del subsidio de paro y las modificaciones en la contratación. Otras medidas que incluye el programa de convergencia se preparan desde hace ya casi un año. Por ejemplo, el plan de vivienda, banderín del PSOE en las elecciones municipales del pasado año y que apenas ha empezado a andar. La nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, anunciada en la misma fecha y aún no presentada en las Cortes, o la Ley del Suelo, que tendrá que revisarse tras dos años en los que ha demostrado su escasa utilidad. Por lo demás, propósitos como el de "acentuar la colaboración de notarios y registradores" para establecer las condiciones de máxima transparencia en el mercado suscitan el escepticismo a la vista de escándalos como el de Renfe, demostrativos de que es posible comprar y vender el mismo terreno, en la misma notaría y el mismo día, con diferencias sustanciales en el valor.

En fin, las medidas de desregulación que incluye el plan parecen una declaración de intenciones, por lo demás ya conocidas. Mientras tanto, los aumentos de precios de servicios médicos llegan ya al 10,3%, los de transportes al 7,3% y los de vivienda al 6,1%.