El campo teme la liberalización

Las rentas por ocupado en el sector agrario durante la última década registraron un crecimiento espectacular, al pasar de 545.000 pesetas en 1982 a 1.526.000 en 1991, según datos oficiales. Entre 1989 y 1991, las inversiones para mejorar las estructuras agrarias ascendieron a 171.000 millones de pesetas y está prevista la inversión de otros 300.000 millones en los próximos tres años. Sólo en 1991 se recibieron del Feoga comunitario cerca de 500.000 millones de pesetas para apoyar precios y mercados agrarios. Los datos, sin embargo, no explican por qué protestan los agricultores ni por qué, por ejemplo, la leche, los cereales y el ganado vacuno registran hoy precios menores que hace cinco años.

Estadísticamente, parece como si sobre el sector agrario hubiera caído en este tiempo una lluvia de millones, y, sobre todo, que, gracias a ello, tuviera ya las estructuras modernas y suficientes para afrontar el futuro. Sin embargo, docenas de miles de agricultores se lanzaron a la calle durante la primera quincena de este mes de abril con un objetivo concreto: hacer ver al resto de la sociedad, y a quienes tienen responsabilidades ejecutivas, que las rentas no son lo que parecen y que su incremento formal se ha debido, en buena parte, a dos importantes razones:La disminución en el número de agricultores (400.000 en los últimos cuatro años) y el proceso de reconversión y empobrecimiento que está sufriendo el sector. Pero por encima de todo ello el gran temor del campo radica en la posibilidad de no poder competir en el futuro ante la reforma prevista de la Política Agrícola Común (PAC) y las exigencias del GATT (acuerdo general de aranceles y comercio).

El campo español se ve impotente para responder al reto de la compet,ividad que marcan las nuevas reglas de juego internacionales en los mercados agrarios. Durante los últimos seis años, desde el ingreso en la Comunidad Europea, el sector español se ha visto ya afectado por los cambios introducidos en la Política Agrícola Común.

En materia de precios, salvo las mejoras obtenidas en frutas y hortalizas, vino o aceite, la llamada agricultura continental, especiamente cereales, leche o vacuno, ha sufrido recortes de precios, así como el pago de tasas para frenar la producción de excedentes.

Reducción de ingresos

La CE, además de rebajar los precios de intervención, ha avanzado en la liberalización interior de sus mercados, limitando o penalizando las posibilidades de venta a la intervención, lo que, en definitiva, ha supuesto una reducción en los ingresos de esta agricultura continental. Como resultado de esta política, la leche, los cereales o el vacuno tienen hoy precios más bajos que hace cinco años.

Los agricultores y ganaderos han protestado por la aplicación de la política de ajuste que implantó en este periodo la Comunidad Europea por la vía de los precios y los mercados, mientras no se han aplicado simultáneamente otras medidas compensatorias previstas, como los ceses de actividad, ayudas a las rentas o los abandonos de tierras, entre otras.

Pero las preocupaciones del sector agrario en este momento se centran, sobre todo, en el contenido de propuesta para la reforma de la PAC. De acuerdo con su actual contenido, los precios de los cereales, la leche o el vacuno deberán seguir bajando hasta los niveles de las cotizaciones internacionales, mientras al cultivador se le compensaría, de momento, con la diferencia entre ese precio y el actual.

Pero el sector agrario teme que se impongan las exigencias estadounidenses, en el marco del GATT, para que la CE elimine subvenciones internas, reduzca la exportaciones y facilite las importaciones desde terceros países. Ello supondría la reducción de precios institucionales y la eliminación casi total de las medidas de intervención.

Los agricultores y ganaderos españoles consideran insuficiente el esfuerzo hecho por la CE para aumentar los recursos destinados a la mejora de estructuras en este periodo, ya que suponen solamente el 5% del total del presupuesto del Feoga, que asciende a unos 4,5 billones de pesetas.

En lo que afecta al Feoga garantía (gastos de la CE para apoyar precios y mercados), España ha pasado de recibir 37.000 millones de pesetas en 1986 a 460.000 millones en 1991, lo que supone un avance significativo, aunque una parte de esos millones va directamente a manos de la industria agroalimentaria.

España propugna en esta materia que los países menos favorecidos obtengan más fondos de Bruselas, esencialmente para modernizar estructuras y evitar que se perpetúe la situación actual en la que el 20% de las explotaciones, especialmente de Alemania, Holanda y Francia, se llevan el 80% de los fondos.

Sus propias manos

Frente a los proyectos de Bruselas en materia de precios y las exigencias de Estados Unidos en cuestión de mercados liberalizados, el sector agrario sospecha que se verá abocado a competir, a medio plazo, sin más soporte que sus propias manos. Estados Unidos, con unas explotaciones medias de 200 hectáreas, gasóleo más barato o ayudas indirectas, puede ofrecer productos a precios bajos en el mercado mundial ante sus menores costes de producción, aunque sus rendimientos no sean altos.

Se trata de un modelo, el de EE UU, con un 2% de población activa en el campo, que choca frontalmente con el tipo de explotación comunitaria y, sobre todo, con la española, cuyos rendimientos por hectárea son sensiblemente inferiores.

Resulta difícil competir en mercados cada día más liberalizados, como sucede ya en la producción de Vacuno, o hacerlo en la producción de leche, con unos rendimientos de 3.100 litros por animal y año frente a los 4.600 del resto de la Comunidad, o en cereales, donde la diferencia se explica entre los 2.500 kilos por hectárea en España a 5.000 kilos en otros países de la CE.