Ajuste global

Además del problema de la estructura de la explotación y de los rendimientos, el sector agrario español, frente al resto de la CE, carece de organización económica para ordenar su oferta, defender sus precios en los mercados y proteger sus ingresos.Durante la última década se han destinado varios cientos de miles de millones de pesetas para, en teoría, mejorar las estructuras. Los resultados no se han visto en la práctica. Las entidades asociativas apenas si controlan realmente el 10% de la oferta de productos agrarios, frente a los potentes modelos interprofesionales del resto de la CE.

El actual ministro de Agricultura, Pedro Solbes, cerraba hace un año una ventanilla abierta por su antecesor, Carlos Romero, que supuso una inversión de casi 200.000 millones de pesetas de ayudas, entre 1989 y 1990, sin que se consiguiera una verdadera modernización del sector. Actualmente está en marcha un plan para modernizar el campo, con una inversión prevista en tres años superior a los 300.000 millones de pesetas.

Hoy, el sector agrario español carece de las mínimas estructuras económicas para organizar la oferta, de la presencia básica de cooperativas y una gran insuficiencia de interprofesionales, lo que contribuye a aumentar sus temores ante un futuro competitivo.

Más de una década

Con una población activa teórica de 1,4 millones de personas, el 11% del total nacional, el 55% de los agricultores tiene ya más de 50 años. El sector agrario español ha dejado pasar más de una década para mejorar su estructura productiva y comercializadora. El crecimiento de rentas de este periodo, 545.000 pesetas por ocupado en 1982 y 1.525.000 pesetas en 1991, se interpretó oficialmente, en muchos casos, como el mejor reflejo de la buena salud del campo, cuando en realidad se debía fundamentalmente a la reducción de la población ocupada, unas 400.000 personas desde 1987.

Responder con garantías de éxito a las exigencias planteadas con la reforma de la PAC en materia de precios y mercados, o a las pretensiones liberalizadoras del GATT, se ve como una empresa difícil a corto plazo que requiere un proceso de ajuste global.

Las nuevas condiciones conllevan el que a una parte importante del campo español, a un determinado tipo de explotaciones y de agricultores, les resulte imposible seguir en activo. El campo ha demandado salidas dignas para quienes opten por abandonar la actividad agraria y apoyos decididos para quienes quieran seguir como profesionales con posibilidades de competir. El ajuste podría suponer reducir esa población activa del 11% al 8%. Y eso no parece probable que se logre simplemente en unas negociaciones puntuales con el Ministerio de Agricultura.