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Leyes y conciencias

A veces asusta un poco comprobar la facilidad con la que en nuestra democracia causas aceptables justifican no sólo los más dudosos procedimientos políticos, sino las argumentaciones más peregrinas y miopes, para beatificarlas popularmente. A quien pone reparos a esos modos y al celofán demagógico que los adecenta se le reprocha: "Pero ¿en qué quedamos? ¿No estabas a favor de conseguir tal cosa o acabar con tal otra?"., Y resulta complicado aclarar que uno quiere conseguir cosas razonablemente decentes, pero logradas por métodos que lo sean también. Por ejemplo: ¿qué diablos -lamento que el Libro de estilo de este periódico me prohiba utilizar expresión más contundente- tiene que ver el trazado de la autovía de Leizarán con una posible tregua de ETA? Uno creía que dicha carretera se hace porque es necesaria y según la trayectoria más conveniente de acuerdo a criterios técnicos, ecológicos, etcétera. Nadie pretendió fastidiar a ETA con la autovía , ni nada tiene que ver ésta con los, delirios independentistas de la banda armada y sus auxiliares políticos: fueron los terroristas los que convirtieron en causa propia la oposición a su trazado para apuntarse algún tanto cara a su clientela habitual. Puede que haya ciertos temas acerca de los cuales el Partido Nacionalista Vasco (PNV), el Gobierno o quien sea convenga que hable con ETA, pero 6córno puede insinuarse siquiera que vayan a utilizarse obras de interés público como piezas de cambalache para obtener favores políticos -en nada relacionados con ellas- de tan célebre tropa? ¡Hay que ser bobo, vamos, o sinvergüenza, o las dos cosas! Después de cometer manejos semejantes los partidos demócratas, ¿a quién le puede extrañar la creciente abstención de la gente en las elecciones?Pero el caso más notable de los últimos tiempos ha sido la sentencia por la que el juez José Luis Calvo ha tenido a bien absolver a un insumiso, acusado de no querer realizar la prestación sustitutoria del servicio militar. Según el magistrado, entraban en colisión dos bienes jurídicos -la libertad de conciencia de los ciudadanos y las exigencias del Estado en materia de defensa nacional-, privilegiando la sentencia el que parecía de más alto rango. Zafarrancho (aunque no precisamente de combate): el ministro de Justicia sale con que por esa vía también los terroristas podrían invocar su conciencia para ser absueltos, y se gana la pitada del año. Según Anguita, don Tomás ya no distingue el bien del mal, confusión particularmente perniciosa en persona de mando. Jubilosos, los amigos me dicen que quienes pensamos que el servicio militar debe ser profesional (y que, por tanto, la actual ley de objeción de conciencia, el servicio sustitutorio y demás componendas se quedaron obsoletos desde el día de la inauguración) estamos de enhorabuena. Yo no lo tengo tan claro.

No hace falta compartir toda la argumentación de los insumisos, que a veces no merece el Premio Nobel en filosofía política, para darles la razón en lo esencial: el servicio militar obligatorio y la prestación para objetores que la sustituye son rechazables por la misma razón, a saber, por su carácter de imposición general (pero sexualmente discriminatoria), por obligar a los ciudadanos a someterse quieran o no a un oficio público que estaría mejor atendido por profesionales. Y por ascender la función militar, una más dentro del Estado y cuya preeminencia inquietante es juicioso pretender disminuir, a rito iniciático varonil y pacto de sangre forzoso con los manes de la patria, siempre un poco excesivos en hemoglobina y testosterona. Tienen por ello indudable coraje cívico quienes arrostran en carne propia las molestias y sanciones que conlleva desobedecer pacíficamente la actual normativa, a fin de crear situaciones insostenibles que lleven al Parlamento a modificarla. De hecho, es evidente, ya que las autoridades se debaten en un jaleo de contradicciones bastante proceloso, que las sentencias judiciales sobre insumisos son de lo más variado, que a muchos objetores no se les llama nunca para que hagan nada, que las prestaciones sustitutorias oscilan de lo imperceptible a lo punitivo y que dos años de trabajos forzados para compensar la renuncia a nueve meses de mili suena más a condena que a alternativa. A un amigo mío se le ha ocurrido un remiendo que no me resisto a consignar: según él, lo mejor sería nueve meses de servicio social obligatorio, y para quienes objetaran contra éste, dos años de servicio militar sustitutorio.

¿Hay que ponerse, entonces, muy contentos con la sentencia del paradójico juez Calvo Cabello? Veo muy pocos motivos, salvo el de hacer ruido sobre cuestiones que siempre está bien que se aireen, aunque sea a golpe de disparate. Para empezar, hago notar que lo controvertido en este caso no es la actitud del insumiso, que ha estado muy en su punto el hombre y que aceptó con valor la posibilidad de ir a la cárcel sin interponer recurso para dar testimonio de sus ideas, sino las del juez. Lo raro no es que un insumiso no se someta a la ley, sino que parezca no someterse a la ley el juez que ha de sentenciarle. Según la sentencia, "hay un reconocimiento constitucional de la primacía de lo personal sobre lo estatal". El viejo bakuninista que dormita en mí salta alborozado ante esta noticia, que lecturas de nuestra Carta Magna nunca me habían revelado. Ni siquiera sabía que en la Constitución ambos conceptos estuviesen contrapuestos. De lo que se trata, prosigue con intrepidez el magistrado, es de la disyuntiva "conciencia o ley" (y añade, para aclarar más la cosa, "individuo o sociedad, persona o Estado"). Ni más ni menos, como en Dostoievski o en las tragedias griegas.

De modo que donde habla la conciencia, que se calle la ley. Claro. Que la conciencia está por encima de cualquier ley es evidente... para quien tiene esa conciencia. Y es que la conciencia moral es tan importante para el sujeto que ninguna ley puede abrogarla, sustituirla o confirmarla. Una cosa es la norma objetiva, pactada de acuerdo a violencias o prudencias históricas, y otra la vivencia consciente que cada cual puede tener de lo que implica su libertad. Aun cuando externamente coincidan, nunca es lo mismo la conciencia moral que la ley positiva: si difieren, no hay juez en el mundo que a base de sentencias excepcionales pueda reconciliarlas. Pero lo auténticamente moral de la conciencia es que renuncia a cualquier otro refrendo salvo el subjetivo que se da a sí misma: si se cree más respetable cuando desde fuera parece más respetada, ya está haciendo trampas.

Los jueces, muchas gracias, no están para legalizar las conciencias, sino para conservar respetable la conciencia intersubjetiva que la ley normatiza. Desde el punto de vista jurídico, la sentencia de Calvo Cabello comete el pecado antikantiano de que su universalización es contradictoria: vamos, que si Calvo Cabello acierta, no se convierte en un juez más justo, sino que resulta innecesario como juez. Pero el auténtico absurdo de la sentencia, en contra de lo que se ha dicho (¡oh, el olfato crítico de mi gremio!) no es jurídico, sino ético: el juez pretende extender pasaporte a la conciencia, que nunca puede salir de sí misma, y no precisamente por falta de salvoconductos...

El abucheado ministro de Justicia no se ha cubierto de gloria con su comparación famosa, sobre todo cuando el ministro del Ejército lleva ya tiempo con la perra de que los antimilitaristas son ultraizquierdistas rezagados, elogio a estos últimos que me parece un tanto inmerecido. Pero tampoco andan muy esclarecidos quienes no ven que don Tomás de la Quadra no ha comparado a los insumisos con los terroristas, sino la conciencia del insumiso con la conciencia del terrorista: y en tan subjetivo ámbito tiene tanta razón que mentira parece en un ministro, porque uno de los rasgos de la conciencia es que puede ser calificada como crimen por quienes desde fuera no la comparten. Que se lo pregunten si no a los muy concienciados verdugos que a fin de tranquilizar sus almas acechan a Salman Rushdie para darle su merecido o a los integristas musulmanes que en países democráticos europeos se niegan a cumplir las leyes comunes que no coinciden con el Corán y buscan a algún juez Calvo que les comprenda.

Lo más grave: que la sociedad se esconda detrás de los jueces a la espera de que éstos, diciendo cosas raras y haciendo jurídicamente el pino, resuelvan problemas políticos que poco tienen que ver con los arcanos existenciales de la conciencia y mucho con leyes impresentables como la del servicio militar, votadas por los parlamentarios que -¡ay, dolor!- nos representan.

Fernando Savater es catedrático de Ética de la Universidad del País Vasco.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 28 de marzo de 1992.

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