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Libia proclama su inocencia en el 'caso Lockerbie' ante el Tribunal de La Haya y reclama su amparo

Isabel Ferrer

Libia negó ayer ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, reunido a petición suya, cualquier responsabilidad directa o indirecta en el atentado que, en diciembre de 1988, destruyó un avión de Pan Am cuando sobrevolaba la localidad escocesa de Lockerbie, causando la muerte de 270 personas. Trípoli se esforzó en demostrar el carácter estrictamente legal del contencioso que mantiene con Estados Unidos y el Reino Unido acerca de su negativa a entregar a los dos agentes libios sospechosos de haber colocado una bomba en el aparato.

Libia calificó de chantaje y agresión "cualquier amenaza de sanciones internacionales", y pidió al tribunal -que dispone de tiempo ilimitado para elaborar su resolución- la adopción de medidas que impidan a británicos y estadounidenses mantener su presión "contra los derechos libios".La audiencia comenzó con la intervención de Mohamed Sharaf Edin Alfarturi, embajador libio en Bruselas. El diplomático trató de convencer al tribunal de que su país no tiene obligación alguna de entregar a los dos sospechosos. Tanto él como los tres asesores legales extranjeros designados por Trípoli para acudir a La Haya, se acogieron a la Convención de Montreal de 1971 sobre actos ilegales cometidos contra la aviación civil.

Libia sostiene que tiene derecho a juzgar a sus propios ciudadanos y que puede hacerlo con equidad. Jean Salmon, uno de sus consejeros, puso incluso un ejemplo cercano a España para rechazar las acusaciones de falta de independencia del poder judicial libio efectuadas por Washington y Londres.

Ejemplo vasco

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"Imaginemos el hipotético caso de dos ciudadanos vascos de nacionalidad francesa que fueran detenidos en Francia por atentados perpetrados en España. Esta última podría pedir su extradición por considerar que los tribunales galos no serán imparciales ante un delito cometido por franceses", afirmó.

Alan Rodger, fiscal general adjunto de Escocia, contestó después que Abdel Baset Alí al Megrahi y Lamen Jalifa Fimá actuaron en 1988 a las órdenes del servicio secreto libio, "una organización difícil de separar del régimen del corbnel Gaddafi, y que ha penetrado también en los tribunales del país".

Las irreconciliables posturas jurídicas de Libia y del Reino Unido alcanzaron también a la competencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de terrorismo. Para Trípoli, la ONU no puede adoptar decisiones legales y vinculantes en estos casos por tratarse de una organización política. Alan Rodger, por el contrario, afirmó: "Con esta separación entre política y leyes, Libia ha evitado siempre adherirse a declaraciones contra el terrorismo internacional. En el caso Lockerbie, sin embargo, ha cambiado ya de opinión demasiadas veces acercade la extradición de los sospechosos con la excusa de buscar una solución pacífica y vinculante desde el punto de vista legal".

Mientras tanto, se espera que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúna hoy o el lunes para debatir un proyecto de resolución que decreta un embargo de todos los vuelos aéreos desde y hacia Libia, y prohíbe las ventas de armas a este país.

Por otra parte, siguen las informaciones confusas sobre las intenciones del Gobierno libio. Fuentes de Túnez citadas por la agencia Reuter aseguraban ayer que el Gobierno libio estaba dispuesto al final a entregar a los dos sospechosos a las Naciones Unidas, pero con la condición de que la instrucción de su juicio no sea encomendada a la justicia norteamericana o a la británica.

Por otra parte, según la agencia France Presse, el Gobierno libio invitó ayer al secretario general de la ONU, Butros Gali, a que venga él mismo en el país o mande a un representante con el fin de "investigar" sobre el caso Lockerbie.

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