La Asociación contra la Tortura pide a los fiscales que se rebelen contra el Gobierno y no obstruyan las indagaciones

La Asociación contra la Tortura pidió ayer a los fiscales que entren "en rebeldía" frente a la dependencia jerárquica del Gobierno y dejen de obstaculizar las investigaciones sobre malos tratos. La memoria anual de este colectivo, presentada ayer en Madrid, recoge un aumento de los casos bajo investigación judicial. 78 policías, funcionarios de prisiones y militares han sido condenados en los últimos dos años, mientras 29 fueron absueltos y 132 están pendientes de resolución.El aumento de casos registrados es debido en parte a la mayor disposición de los ciudadanos a denunciar y en parte, según los portavoces de la asociación, a la proliferación de comportamientos abusivos de los funcionarios investidos de autoridad. La práctica de malos tratos y torturas afecta, según la memoria, a todos los cuerpos policiales, al de prisiones y al personal militar.

Entre los condenados hay 18 policías nacionales, 22 guardias civil, 13 policías municipales, 5 militares y 19 funcionarios de prisiones. Por primera vez un ertzaina (policía autonómico vasco) ha sido condenado en firme por el Tribunal Supremo.

Para la Asociación contra la Tortura, nacida del antiguo Grupo de Abogados Jóvenes de Madrid, la principal preocupación es la actitud habitual del Ministerio Fiscal en las investigaciones judiciales. Lo s fiscales, afirma, o se inhiben o toman la iniciativa para solicitar el archivo del caso o, si la denuncia se desestima, para querellarse por calumnias contra el denunciante.

"Se trata de uno de los efectos más negativos de la dependencia del Ministerio Fiscal respecto al Gobierno", aseguró el abogado Teodoro Mota. "Los fiscales asumen en general, aunque haya excepciones, la defensa de los funcionarios denunciados, cuando por mandato constitucional su deber es proteger los derechos de todos, de los funcionarios y de los ciudadanos denunciantes". Mota hizo un llamamiento al Fiscal General del Estado, Leopoldo Torres, para que se rebele contra la dependencia del Gobierno y los fiscales ejerzan su papel constitucional.

La asociación manifestó su temor a que la ley de Seguridad Ciudadana aumente la tendencia al abuso policial, al "abrir espacios de autonomía que pueden fácilmente derivar en arbitrariedad", según Begoña Lalana. La misma letrada criticó la insuficiencia del proyecto de reforma del Código Penal en la represión de los malos tratos y torturas. El fenómeno más inquietante de los últimos años para este colectivo ciudadano es el "salto espectacular" de las denuncias contra policías municipales.

10 guardias civiles, por otra parte, serán juzgados en Bilbao, acusados de un delito de torturas, 11 años después de ser denunciados por ocho vecinos de Amorebieta (Vizcaya), que fueron detenidos por supuesta vinculación a ETA, informa Eva Larrauri.