Gobierno y oposición

TRAS CASI diez años de gobierno socialista, y a la vista del muy próximo espejo francés, comprobar el estado de la alternativa, garantía de continuidad del sistema, es uno de los objetivos del debate sobre el estado de la nación iniciado ayer. El líder del Partido Popular, José María Aznar, pareció consciente de la importancia que para su futuro tendrán estos dos días y salió, como suele decirse, a por todas. Sin embargo, al igual que algunos futbolistas con dificultades para encontrar un equilibrio entre la velocidad y la prisa, el presidente del partido conservador halló obstáculos para armonizar su agudeza en la identificación de los puntos débiles del Gobierno con la responsabilidad a la hora de plantear alternativas creíbles a los errores e incumplimientos denunciados.El tono del discurso de Aznar recordó a los que hacía González en los últimos tiempos de UCD: dando al Gobierno en plaza por liquidado, y suscitando en el público la idea de que cuanto antes se produjera la sustitución, tanto mejor para todos. Pero la situación no parece por el momento comparable a la de comienzos de los ochenta, y de ahí el carácter un tanto aéreo de algunos de los desplantes del líder de la oposición. Su crítica implacable contra los abusos socialistas fue certera en muchos aspectos, pero hubiera resultado más verosímil si hubiese incluido alguna reflexión autocrítica, como corresponde a un partido que gobierna en seis comunidades y muchos municipios. Su excelente pieza previa sobre el terrorismo no tuvo, en ese sentido, continuidad en el tratamiento de asuntos como la corrupción, la situación económica y la determinación de las prioridades.

La primera debilidad del discurso del presidente del Gobierno fue su carácter de cosa oída. Letra: la referencia europea como ocasión para abordar cuestiones pendientes fue ya el argumento de la investidura, y lo volvió a ser en el debate de marzo pasado, al presentar el nuevo Gobierno en una ocasión como la de ayer. La impresión de que se han perdido más de dos años puede ser exagerada, pero resulta inevitable a la luz de las tareas marcadas como inaplazables. Fue Roca quien dio con el tono al reprochar al Gobierno haber permitido que "lo urgente ganara a lo importante", con el resultado de que siga pendiente lo que ya en 1989 se consideró prioritario. La música fue también la misma, aunque González evitase esta vez apelaciones al esplendoroso futuro.

El plan de convergencia que constituía el objeto del debate todavía no ha sido presentado al Parlamento, por lo que la controversia no pudo referirse a medidas concretas, aunque sí a los objetivos. González no ocultó que ese plan implicará un importante recorte del gasto social, singularmente en la sanidad y la cobertura del desempleo. En ausencia de datos más precisos, es difícil calibrar la oportunidad o no de la opción de prioridades que tal decisión implica (y juzgar las causas de que se haya llegado al desequilibrio presupuestario que evocó). Pero si a esos recortes se añade la importancia otorgada al control de la inflación, parece evidente que estamos ante una política de ajuste. La búsqueda de un equilibrio entre rigor económico y cohesión social implicaría alguna forma de pacto con los interlocutores sociales. Pero dicho pacto requiere la potenciación de elementos capaces de aglutinar a la población tras objetivos compartidos; y ello será dificil mientras se mantenga el desinterés de los ciudadanos por la vida pública. La austeridad requiere ejemplaridad, y ésta brilla por su ausencia.

Felipe González tuvo el buen sentido de adelantarse a plantear esa cuestión. Algunas de sus propuestas, especialmente las relativas al abaratamiento de las campañas electorales, merecerían ser tomadas en consideración. Pero su teoría de que sólo hay corrupción cuando el asunto es susceptible de consideración penal por los tribunales contradice la experiencia de estos últimos años: hay comportamientos de búsqueda de ventajas a la sombra del poder, de confusión intrincada entre intereses públicos y privados, que merecen el rechazo social aunque no correspondan a delitos tipificados. De ahí la distinción asumida por la opinión pública entre responsabilidad penal y exigencia de responsabilidades políticas.