Solchaga amplía sus poderes para el control del gasto

El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, presentará al Consejo de Ministros una propuesta para limitar la capacidad de gasto de los distintos departamentos. El objetivo es garantizar la reducción del déficit público prevista en el plan de convergencia, sobre todo habida cuenta de los peligros que suponen los créditos extraordinarios que necesitarán el INEM y el Insalud. Así se contempla en un acuerdo del último Consejo de Ministros del pasado año (27 de diciembre) que no se hizo público.El acuerdo consta de cuatro puntos y en el primero "se autoriza al ministro de Economía y Hacienda para que presente al Consejo de Ministros una propuesta sobre el límite máximo de reconocimiento de obligaciones [compromisos de gasto] en los diferentes capítulos del presupuesto de gastos de cada departamento ministerial".

A final de año, estas obligaciones no pueden superar los créditos iniciales (el presupuesto de que dispone cada ministerio), con algunas excepciones, como los créditos extraordinarios (para imprevistos), tal como se estableció en el artículo 10 de la Ley de Presupuestos del año 1990, vigente en la actualidad. Desde el punto de vista legal no es, pues, un problema la aprobación de créditos extraordinarios. Sí lo es, sin embargo, a efectos de equilibrio financiero, ya que se contabilizan como gasto y elevan el déficit público.

Aún no está presentado el plan de Solchaga, pero fuentes de otros ministerios señalan que está prácticamente asumido un recorte del 5% en su capacidad para reconocer obligaciones. Sobre unos créditos iniciales de 13,6 billones de pesetas, se liberarían unos recursos de 680.000 millones de pesetas.

El acuerdo del Consejo de Ministros contempla otra medida que se adoptó en julio del pasado año, de forma excepcional, durante la discusión sobre el recorte presupuestario. La falta de acuerdo con los ministros más afectados por el tijeretazo, provocó que el titular de Economía ordenara a la Intervención General del Estado que no autorizara más pagos hasta cerrar la cuantía del recorte.

Esta decisión provocó un fuerte malestar pero ahora el Gobierno "autoriza al ministro de Economía para dictar a la Intervención las instrucciones precisas para que las obligaciones reconocidas en el ejercicio no superen los importes que, para cada sección y capítulo, se determinen en base a lo establecido en el punto primero".

El ministro de Economía asume también más competencias para el control del gasto público. Hasta ahora, los ministros podían incorporar al presupuesto del año siguiente las cantidades comprometidas y no gastadas del ejercicio anterior (300.000 millones de pesetas en 1991). A partir de ahora tendrán que contar con la autorización de Solchaga.