El problema es Gaddafi

Trípoli, la capital de Libia, ha sido durante esta semana visitada por numerosos dirigentes políticos y económicos, especialmente del llamado Tercer Mundo. Entre los ilustres visitantes destaca Vasily Sa fronchuk, enviado especial del secretario general de Naciones Unidas, Butros Gali. Su presencia apenas ha sido reflejada por los medios de comunicación libios, aunque probablemente es la que ma yor trascendencia tiene para los dirigentes de la Gran Yamahiria Su misión consiste nada menos que en la búsqueda de una salida airosa para todas las partes implicadas en el llamado caso Lockerbie, la ciudad escocesa en la que un avión de la Pan Am se estrelló el 21 de diciembre de 1988, con el resultado de 281 muertos.

Las sirenas de los imponentes Mercedes de color negro del servicio libio de protocolo se escuchan a cualquier hora por todo Trípoli. En su interior puede viajar el presidente de Guinea-Bissau, de Uganda, la ministra de Industria de la República Popular China o el vicepresidente de Cuba, o algún alto dirigente del Banco Islámico de Desarrollo, que acaba de celebrar su junta anual de gobernadores en la ciudad. Cualquiera de ellos ha recibido mucha más atención de la prensa libia que Safronchuk, a pesar de que éste se desplazara también en uno de los característicos Mercedes negros de protocolo con la bandera de la ONU. El enviado de Gali intentaba desenredar la madeja del caso Lockerbie.Durante los últimos tres años, las investigaciones de los servicios de espionaje del Reino Unido y de Estados Unidos aseguraron que el accidente fue en realidad un atentado terrorista, tras el que se escondían distintas manos: iraníes, sirlas, palestinas del grupo FPLP-Comando General de Ahmed Jibril y liblas. A partir de cierto momento el resultado de los mismos investigadores se centró únicamente en un objetivo: Libia.

Abdelbaset Alí Megrahi y Amín Jalifa Fiman, empleados en la Ubyan Arab Airlines, fueron acusados de pertenecer a los servicios secretos libios y de ser los autores materiales de la colocación de un avanzado explosivo en una bolsa de viaje en el BoeIng 747 de la Pan Am. Londres y Washington pidieron la entrega de los dos acusados, hasta llevar el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que el pasado 21 de enero aprobó la resolución 731, que exige su extradición.

Amenaza de sanciones

Ante la reiterada negativa de las autoridades de Trípoli a entregar alos dos acusados por ir en contra de las leyes libias, que no contemplan en ningún caso la extradición, desde Washington se han sucedido las amenazas de sanciones económicas sin descartar una acción militar contra Libia. El máximo dirigente libio, coronel Muarniñar el Gaddafi, ha insistido en público en que la legislación de su país no permite la entrega de los dos acusados, pero se ha mostrado dispuesto a juzgarles en Libia, siempre y cuando Washington y Londres le aporten las pruebas de sus acusaciones.

Gaddafi, además, ha moderado considerabiemente su tono al referirse a Washington en sus discursos más recientes. "Nosotros no odiamos a Estados Unidos ni a los norteamericanos. Estamos en contra de las amenazas y el colonialismo en la forma que sea. Por ello, debemos cooperar en el desarrollo de los bancos y el comercio, lejos del lenguaje de ataques militares, embargo económico y acusaciones contra Libia", dijo Gaddafi en una cena ofrecida a los participantes en los trabajos del Consejo del Banco Islámico de Desarrollo.

La moderación del líder libio se ha traducido en el ofrecimiento efectuado en secreto al enviado especial de Naciones Unidas de poner bajo custodia del secretario general de la organización a los dos libios acusados del atentado de Lockerbie, dejando claro que no podrían ser entregados en ningún caso ni al Reino Unido ni a Estados Unidos.

A la espera de la respuesta de estos dos países, la opinión más generalizada en Trípoli, no sólo en las esferas del poder, sino también en buena parte de las cancillerías extranjeras, es que la Administración norteamericana no pretende simplemente la entrega de los dos supuestos agentes libios, sino que tiene un objetivo de más largo alcance que se llama Muammar el Gaddafi.

Presión contraproducente

"La resolución 731 del Consejo de Seguridad tiene un aspecto positivo, ya que ha obligado a Gaddafi a comprender que la correlación de fuerzas intemacional ha cambiado. Pero, si seguimos presionando con nuevas resoluciones, puede ser contraproducente y corremos el riesgo de empujar a Libia hacia posiciones mucho mas radicales", sostiene el embajador ruso en Trípoli, Veniamin Popov.

"Estados Unidos tiene en esta crisis tres objetivos políticos que nada tienen que ver con el atentado de Lockerbie", añade el diplomático ruso, "derrocar a Gaddafi, controlar la producción petrolera en Oriente Próximo tras haber neutralizado a Irak y frenar la mejora de las relaciones económicas de Europa con Libia".

El primer paquete de sanciones contra Libia que está sobre la mesa del Consejo de Seguridad contempla la suspensión del transporte por vía aérea y del suministro de material militar, y la reducción de las representaciones diplomáticas acreditadas en Trípoli. Un segundo paquete de sanciones podría incluir el embargo comercial y petrolero. En una tercera fase de la escalada de presión contra Gaddafi, la Administración de Bush ha reconocido públicamente que no descarta ninguna opción, incluida la militar.

Tanto desde un punto de vista geoestratégico como económico los intereses de Estados Unidos en la zona difieren notablemente, cuando no son antagónicos, de los de la Comunidad Europea (CE), especialmente los de los países del flanco sur: España, Francia e Italia. El ascenso del integrismo islámico, sea a través de las urnas o con su arraigo en amplias capas de la sociedad en Argelia, Túnez, Egipto y Sudán, es motivo de seria preocupación en Madrid, París y Roma.

A ello hay que añadir la incierta evolución de las repúblicas musulmanas de la ex Unión Soviética y el nuevo protagonismo en este sentido de Irán y Turquía, lo que podría desembocar en un amplio cinturón de inestabilidad al otro lado del Mediterráneo.

Bajo el régimen de Gaddafi, Libia mantiene estrictamente controlados, a base de la represión, a los grupos integristas. La eliminación de la figura del actual líder libio abriría un gran interrogante y crearía un peligroso vacío que podría rellenar por el fanatismo religioso.

Equilibrio tribal

Un aspecto de gran importancia en la sociedad libla es su división tribal. Gaddafi ha sabido mantener el equilibrio entre las distintas tribus, otorgándoles cuotas de poder en función de su influencia. Uno de los dos acusados por el atentado de Lockerbie, Abdelbaset Alí al Megrahi, es precisamente de la tribu Magarha, la más importante del país y a la que pertenece el número dos del régimen, Abdelsalam Yalud. Su entrega al Reino Unido o a Estados Unidos podría desestabilizar el mencionado equilibrio, con el consiguiente peligro para el propio dirigente de la revolución libia.

Desde un punto de vista económico, se da la paradoja de que entre los tres principales socios comerciales europeos de Libia se encuentran dos países considerados duros hacia el régimen de Gaddafi, como el Reino Unido y Alemania. La colonia británica en Libia supera las 7.000 personas, que trabajan en su mayoría en la industria petrolera, a pesar de que hace años que no existen relaciones diplomáticas entre ambos países.

"El negocio es el negocio", ironiza Allan Brown, responsable de la sección de intereses británica en Trípoli y único representante del Foreign Office. Lo cierto es que el Reino Unido ocupa el tercer lugar en cuanto a intercambios comerciales con Libia se refiere.