El juez Bueren reactiva el 'sumario de altos cargos' de la colza para que los afectados cobren

Madrid - 29 feb 1992 - 00:00CET

El juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren ha reactivado el segundo sumario de la colza o sumario de los altos cargos, y ha llamado a declarar como inculpados, a partir del 9 de marzo, a siete antiguos cargos pertenencientes a la Administración de UCD cuando se produjo el envenenamiento por aceite de colza. Una eventual condena de los mismos es la única vía judicial para que los afectados por el síndrome tóxico pudieran cobrar las indemnizaciones que les fueron reconocidas tras el juicio de la Casa de Campo de Madrid y que ascienden a unos 510.000 millones de pesetas.

Los afectados de la colza han percibido hasta la fecha, en concepto de ayudas del Plan Nacional del Síndrome Tóxico, unos 60.000 millones de pesetas, alrededor de un 10% del total de las indemnizaciones. La sentencia del Tribunal Supremo, que tendrá que dictarse antes del 25 de abril, no servirá para cobrarlas, ya que el Estado no puede ser declarado responsable civil subsidiario.A 11 años del inicio de la intoxicación, los afectados se siguen preguntando cuándo cobrarán las indemnizaciones. En los despachos de sus abogados se reciben estos días entre 40 o 50 llamadas diarias. "El juicio en el Supremo ha terminado ya, ¿no?. Entonces, ¿la semana que viene cobramos?".

Antonio García Pablos e Ignacio Uriarte, dos veteranos abogados que llevan 11 años a vueltas con la colza, tienen que explicarles, una vez más, que deben tener paciencia y que la sentencia del Supremo no es la solución definitiva. Ayer reiteraron que sus principales expectativas se centran en que el Supremo amplíe el censo de fallecidos y afectados por la enfermedad, para que, al menos, los no incluidos puedan beneficiarse en el futuro del sistema de ayudas a los afectados.

Ayudas de la Administración

Estas ayudas se concretan en unos cuatro millones de pesetas por fallecimiento, prestaciones farmacéuticas en la totalidad de su importe, 2.500 pesetas en caso de lactancia artifical para madres afectadas, ayudas domicillarias de hasta 50.000 pesetas para realizar tareas del hogar, etc. Pero el grueso de las cantidades corresponde a las prestaciones por incapacidad o invalidez en sus diversos grados, viudedad, orfandad y diversas ayudas suplemantarias. El montante de estas ayudasque , en torno a unos 5.000 millones anuales, subvenciona la Administración desde que se inició el envenenamiento hasta la fecha, se sitúa en unos 60.000 millones de pesetas.

Los abogados han pedido al Supremo, además de mayores penas para los condenados, que se revise el censo de fallecidos y de enfermos. La sentencia de la Audiencia Nacional dictada tras el juicio de la Casa de Campo reconoció oficialmente 330 muertos a causa del síndrome. En la actualidad, el número de fallecidos cuyos familiares han recibido ayuda asciende a 441. Pero en realidad, el número de fallecidos censados asciende a 955.

"En muchos hospitales de provincias" explicaron los letrados García Pablos y Uriarte 11 no se han hecho las autopsias a los fallecidos. Los forenses del síndrome tóxico, si falta la autopsia, no se atreven a certificar la muerte a causa de la colza. En otros casos, los censados por el síndrome pueden haber muerto por un accidente de tráfico, pero hay que revisar las situaciones una por una, tanto de fallecidos como de enfermos".

Tal decisión implicaría revisar más de 20.000 carpetas de fallecidos y afectados por al enfermedad. Antes de que se dicte la sentencia del Supremo sería imposible, porque es una labor de años y el Supremo se ha dado de plazo para dictar sentencia hasta el 25 de abril. "Pero podría hacerse en un simple párrafo que ordenase hacerlo en el período de ejecución de sentencia", añadió García Pablos. Así, tras la sentencia, se abriría un período de ejecución indeterminado en el quepodrían revisarse todos los casos dudosos.

De la sentencia del Supremo, en cualquier caso, no saldrán las indemnizaciones de.cretadas por la Audiencia Nacional. Estas indemnizaciones abarcaban un amplio baremo, según el tipo de lesiones. Por cada fallecido se estipularon 15 millones de pesetas (de los que sus familiares han percibido cuatro) y el tope máximo quedó fijado en 90 millones para los casos de gran invalidez. El montante total no se ha podido evaluar, pues depende de la evolución de la enfermedad en cada caso, pero los cálculos de los letrados lo sitúan en unos 510.000 millones de pesetas.

De ese medio billón de pesetas sólo hay en caja unos 1.500 millones, cantidad equivalente a los bienes embargados a los aceiteros condenados.

Objetivo, que pague el Estado

Para que el Estado se hiciese cargo de las indemnizaciones primero tendría que ser condenado. Este es precisamente el objetivo de las acusaciones en el segundo sumario, el de los altos cargos, que el juez Bueren acaba de reactivar y en el que ha citado a declarar "como inculpados" para los días 9, 10, 11 y 12 de marzo a siete ex altos cargos de la Administración de la etapa de UCD.La precisión "como inculpados" deriva de que el sumario cayó por tierra cuando se decretó la apertura de juicio contra ellos en mayo de 1990, tras citarles "como testigos". En su anterior resolución de 1990, el juez Bueren, al decretar la apertura del juicio, declaró responsable civil al Estado en caso de insolvencia de los acusados. Éstos, que fueron inculpados por el juez con un dictamen fiscal que pedía el sobreseimiento por no apreciar delito, recurrieron alegando defectos formales al haber declarado sin abogado, como simples testigos, y ganaron. La Audiencia Nacional revocó el auto de apertura del juicio.

Para el 9 de marzo han sido citados las personas cuyos cargos, en 1981, eran los siguientes: Manuel Hernández Bolaños, director del Laboratorio Central de Aduanas; Antonio Badón Artacho, jefe de Defensa contra Fraudes del Ministerio de Agricultura; Miguel Casado Palomero, concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Valladolid; Roberto Conty Larraz, subdirector de Higiene de los Alimentos; Casimiro Palacios Rodríguez, concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Alcorcón; Francisco Mayo Jiménez, concejal de Abastos del ayuntamiento de Alcorcón y José Guilló Fernández, director general de Competencia y Consumo y Comisario General de Abastecimientos y Transportes. Ahora hay que comenzar por el principio, volviéndoles a llamar para que declaren 11 como inculpados". Con todo, una eventual condena por esta vía parece incierta y aún distante.

Pero si en su día algunos delos ex altos cargos resultan condenados, el Estado, como responsable civil subsidiario, tendría que hacer frente a las cuantiosas indemnizaciones.

Queda una tercera posibilidad, que los abogados han empezado a explorar y en la que profundizarán a partir de que la sentencia de la colza se dicte por el Supremo y sea firme. Se trata de excitar el interés de los partidos políticos para, mediante una ley, atender a las indemnizaciones.

Los abogados recuerdan que en algunos casos se han alcanzado acuerdos indemnizatorios con distintas administraciones y citaron los casos de Ortuella, Alcalá-20 y Almacenes Arias.