El Supremo comienza hoy a estudiar los recursos contra la sentencia de la colza

Hoy comenzará en la Sala Segunda del Tribunal Supremo la vista de los recursos de casación contra la polémica sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a 13 de los 38 procesados en el sumario del síndrome tóxico y absolvió a los 25 restantes. Casi tres años después del juicio más largo de la historia procesal española, el Supremo deberá revisar una sentencia que desbordó, entre exasperados abucheos al tribunal y pedradas a las fuerzas del orden, la ira de los afectados.

Aunque envuelto en enrevesados tecnicismos jurídicos, el mensaje de los supervivientes del envenenamiento al alto tribunal será muy claro: penas de 30 años para los principales responsables, el reconocimiento de que fueron muchos más de 330 los muertos -los afectados cifran las víctimas en 650- a causa del síndrome y un fuerte reajuste en el número y categorías de los 25.000 afectados. De las 37 acusaciones particulares, representantes de grupos y asociaciones de afectados por el síndrome, sólo 19 estarán hoy presentes en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo.Desde la primera muerte atribuida a la colza, en Torrejón de Ardoz (Madrid) en mayo de 1981, trascurrieron seis años de instrucción del sumario (que alcanzó los 250.000 folios) hasta el inicio del juicio oral. En la mañana del lunes 30 de marzo de 1987 comenzaba en un pabellón de la Casa de Campo de Madrid, habilitado especialmente para este caso, la vista pública contra los 38 acusados de haber participado o estar relacionados con el desvío para el consumo humano de cientos de miles de kilos de aceite que estaban destinados a la industria. El fiscal pedía para ocho de los procesados entre 10.000 y 100.000 años de cárcel.

La sentencia llegó el 21 de mayo de 1989, y sus resultados -penas que los afectados consideran indignantes e indemnizaciones de cientos de miles de millones de pesetas, imposibles de cobrar con el patrimonio de los aceiteros condenados-, han reducido hoy, tras tres años a la espera del recurso, a la mitad el número de acusadores. Frente a ellos, los defensores de siete de los condenados intentarán reducir o revocar unas penas que, salvo en dos casos, fueron prácticamente cumplidas durante el periodo de prisión preventiva, antes del juicio.

Tras la sentencia de la Audiencia Nacional, sólo dos de los 38 aceiteros inicialmente procesados ingresaron y permanecen aún en prisión: Juan Miguel Bengoechea, gerente de RAPSA, la empresa que importó el aceite de colza desnaturalizado con anilina, cumple una condena de 20 años de cárcel por dos delitos contra la salud pública y otro de imprudencia temeraria profesional, frente a los más de 60.000 años que pidió el fiscal para él; Ramón Ferrero, almacenista de Alcorcón que distribuyó la mayor parte del aceite envenenado, cumple 12 años por dos delitos de imprudencia temeraria profesional y otro de estafa.

Del circuito de los aceiteros que comercializaron el aceite de colza han recurrido -además de Bengoechea y Ferrero- Jorge Pich Garriga, con 10 años de condena y en libertad provisional, y Ramón Alabart, sentenciado a cuatro años y dos meses por delito contra la salud pública. De los aceiteros condenados por estafa, por realizar mezclas con aceites vegetales de calidad ínfima que vendían como aceite de oliva, han recurrido Florencio Feijoo, Adela Jarauta y Ramón Navarro Ponz, sentenciados cada uno a cuatro años y dos meses. La vista se prolongará durante dos semanas.