El fiscal perseguirá "hasta el final" a los traficantes de datos, según De la Quadra

El Gobierno perseguirá hasta el final, a través del fiscal, la presunta red ilegal de traficantes de datos personales informatizados descubierta por la policía el pasado mes de enero, a pesar de que sus principales implicados han sido puestos en libertad, según dijo ayer en el Parlamento el ministro de Justicia, Tomás de la Quadra.

El miembro del Ejecutivo desmitió así una información publicada recientemente en varios medios de comunicación que señalaban que el fiscal propugnaba en un informe el archivo del caso que se sigue contra la red de traficantes de datos informatizados que habían obtenido y comercializado hasta 40 datos personales de unos 20 millones de españoles, según la policía. Los principales implicados fueron puestos en libertad a los pocos días. Mientras, la Comisión de Libertades e Informática ha anunciado que ejercerá la acción pública en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción de Móstoles (Madrid).El titular de Justicia, que compareció durante tres horas en una sesión de control parlamentario ante la Comisión Constitucional del Congreso, dijo, refiriéndose a la red de traficantes de datos, que los hechos son graves y reveladores de la necesidad de adoptar urgentemente medidas legislativas. No quiso, sin embargo, ser más explícito "para no comprometer las actuaciones judiciales".

"El fiscal perseguirá hasta el final la responsabilidad penal de los implicados", dijo De la Quadra, "y cuando se levante la reserva de las actuaciones del juez estudiaremos la posibilidad de abrir expedientes administrativos si hay indicios de que están implicados en la filtración de datos funcionarios del Estado". El ministro señaló, no obstante, que está demostrado que la venta de datos informatizados está provocada precisamente por el sector privado debido a la presión mercantil.

Críticas al Gobierno

El ministro contestó de esta forma a las preguntas formuladas por escrito por los grupos Popular, Iniciativa per Catalunya-Izquierda Unida y Centro Democrático y Social, y por otros grupos parlamentarios en viva voz sobre las consecuencias del descubrimiento de la red de traficantes de datos personales informatizados y sobre las medidas legislativas en curso y futuras sobre la misma materia.

El miembro del Gobierno fue duramente criticado por los representantes de prácticamente todos los grupos parlamentarios, excepto por el socialista, quienes le exigieron que explicara las responsabilidades políticas que tiene el poder ejecutivo en esta materia. Los grupos, menos el socialista, aprovecharon también la comparecencia del ministro para pedir al Gobierno que retirara (solicitud hecha por el Grupo Popular) o cambiara determinados aspectos del proyecto de Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (LORTAD).

De la Quadra dijo que el Gobierno no retirará el proyecto, al que calificó de instrumento básico para luchar contra las nuevas formas de delito surgidas de la aplicación de la informática. Añadió que la nueva configuración del Código Penal, que en la actualidad ha pasado a consulta del resto de los miembros del Gobierno, describirá nuevos tipos delictivos que tienen que ver con la informática y la protección de la intimidad.

[Federico Trillo, diputado del PP y vicepresidente segundo del Congreso, manifestó ayer a la Cadena SER que los españoles incluidos en los ficheros de la red de piratería informática podrían pedir indemnizaciones al Estado si se demuestra que la Administración, a través de alguno de sus funcionarios, ha violado el secreto de los datos que posee].