La política económica

APENAS 24 horas después de que el ministro de Economía presentara en conferencia. de prensa una valoración moderadamente optimista de la evolución de la economía española en 1991 y de sus perspectivas durante el año en curso, el gobernador del Banco de España ha puesto el contrapunto de rigor en unas reflexiones clásicas en su contenido.De la lectura de la intervención de Mariano Rubio no cabe sino deducir la corrección en el diagnóstico y el acierto en las líneas genéricas propuestas para resolver los problemas de la economía española a medio plazo. Un diagnóstico más impregnado de realismo que el de Carlos Solchaga -consecuente con los indicadores económicos disponibles, pero también más pegado a la arena política- y unas propuestas propias de quien desde su papel de máximo responsable de la aplicación de la política monetaria observa la eficacia decreciente de la misma en la reducción del principal desequilibrio de nuestra economía, a la vez objetivo básico del control monetario: una inflación persistente, enquistada básicamente en el sector servicios.

Más novedoso que el contenido de los mensajes y advertencias del gobernador ha resultado, en definitiva, el momento en que las ha pronunciado. Un momento que puede interpretarse desde la maliciosa y teatral distribución de papeles con el ministro hasta su hipotética asociación con el próximo vencimiento del mandato como gobernador. Consideraciones todas ellas que, quizá, habrían sorprendido menos si, con el mismo acento, hubieran tenido lugar en las fechas en que esos ahora criticados presupuestos se estaban discutiendo en el Parlamento. La demanda de rigor en el gasto público es, en todo caso, una proposición más difícil de enunciar en la actualidad que la aplicación de políticas efectivas que reduzcan algunas de las ineficiencias que alimentan la inflación española, incluidas en el sector financiero.

En el horizonte al que la economía española se ha de dirigir, el de la participación en la fase final de la unión económica y monetaria, la independencia -no sólo de criterio- de los bancos centrales nacionales constituye una condición básica para la posterior configuración del sistema europeo de bancos centrales. Independencia de los Gobiernos que en aquellos países donde está reconocida formalmente desde hace tiempo se ha traducido en la obtención de mejores resultados en la estabilidad de los precios. En el caso español, la ausencia de un estatuto que reconozca formalmente esa autonomía no ha impedido que el Banco de España se haya granjeado un amplio crédito y respeto en el ejercicio de sus tareas de conducción de la política monetaria y, en general, en el seguimiento y análisis de la economía española.

La tradición de profesionalidad de su servicio de estudios es el fundamento de esa autoridad y la base del predicamento de que gozan sus recomendaciones. De ahí la consideración que merece cualquier opinión que esa institución haga pública sobre la economía española; las reacciones de algunos líderes sindicales y medios de comunicación llamándose a espanto por las mismas no hacen sino poner de manifiesto el importante esfuerzo de comprensión y adaptación que han de realizar al nuevo contexto en el que está inscrita irreversiblemente la economía española para evitar el provincianismo.

Al margen de su oportunidad y eficacia, o incluso de las motivaciones últimas que han guiado las advertencias del gobernador, es preciso saludar la aportación de criterios diferenciados del discurso ministerial, sin utilizarlos para someter a un juicio sumario a la persona o institución que las realiza. Ello tampoco ha de impedir, por el contrario, la constatación del mayor o menor grado de oportunidad de las mismas y, en definitiva, de su coherencia con las restantes actuaciones de la institución que las pronuncia.