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Un motín que sólo pide una oficina

El municipio lucense de A Fonsagrada se rebela contra la Xunta al reclamar una agencia de extensión agraria

Xosé Hermida

Hacía muchos años que no ocurría nada en A Fonsagrada. Nada que no fuese la inexorable huida de los que buscaban tierras más prósperas y el silencio de quienes preferían quedarse al frío de la montaña, en un pueblo aprisionado entre Galicia y Asturias. En sólo dos meses este municipio de 7.000 habitantes se ha convertido en un problema político para el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, y en un conflicto de orden público que amenaza con estallar. La manzana de la discordia es una oficina de extensión agraria, que los vecinos consideran una cuestión vital.

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El temor de que el pueblo deje de existir ha convertido la cabecera de área del Servicio de Extensión Agraria, el desencadenante del conflicto, en una cuestión vital para los vecinos. La Xunta pretende que A Fonsagrada pase a depender de un área con sede en Becerreá, una localidad distante cerca de 60 kilómetros. Los vecinos están convencidos de que esta nueva organización administrativa provocará el desmantelamiento de la oficina de extensión agraria que existe en el municipio.Si eso ocurriera, más de 2.000 ganaderos se quedarían sin asesoramiento legal y tendrían que desplazarse a Becerra para tramitar cualquier solicitud de subvención. Los comercios y la hostelería de A Fonsagrada recibirían un golpe mortal.

"Yo nunca he defendido ninguna ideología política. Yo sólo defiendo mi casa", sentencia Joaquín, un fonsagradino que trata de levantar su vida en el pueblo tras años de emigración en el País Vasco. A la mayoría de los vecinos no le ha importado cerrar su establecimiento durante varios días o pasarse horas delante del Ayuntamiento a temperaturas bajo cero. Se siente obligado a ello, porque piensa que debe demostrarle a los que mandan en Galicia que A Fonsagrada no quiere desaparecer del mapa.

Episodios violentos

Para Joaquín, como para todos los otros, un guardia civil era hasta ahora un paisano que tuvo que buscarse un oficio más en la emigración. El viernes 17 de enero aguantó las pelotas de goma y los botes de humo de casi un centenar de agentes antidisturbios que desalojaron por la fuerza a los vecinos encerrados en la casa consistorial para pedir que continúe en el municipio la agencia de extensión agraria. Desde ese día los guardias civiles son enemigos del pueblo de A Fonsagrada, "robots", "nazis" y "salvajes", que han tenido que soportar como algunos grupos les provocaban coreando las siglas de ETA.

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En las dos últimas semanas se han sucedido los episodios violentos. La madrugada del día 19 unos desconocidos prendían fuergo a la casa de la concejal del PP Isabel Cedrón, aunque las llamas no llegaron a propagarse. El alcalde, Mario Arias, también del PP, asegura que recibe constantes amenazas y que una noche quisieron forzar la puerta de su vivienda. El martes 19 volvió al Ayuntamiento tras un mes sin poder entrar por la oposición de los vecinos, pero se encontró con una lluvia de huevos y tuvo que ser escoltado por guardias civiles que aguantaron como pudieron los estacazos de los manifestantes. La tensión se ha disparado y será dificil contenerla.

Sin embargo la población sigue clamando unánimemente que son un pueblo pacífico y así lo corroboran también los forasteros que viven en A Fonsagrada. La historia de los últimos años parece darles la razón porque los vecinos del municipio más extenso de Galicia (445 kilómetros cuadrados), situado a 1.000 metros de altitud, han soportado en silencio el sentirse olvidados por todo el mundo.

Hasta 1978 el 80% de las aldeas de A Fonsagrada no tenía luz eléctrica. La población ha descendido a la mitad en los últimos 50 años y muchas fonsagradinas han parido en coche, camino del hospital de Lugo, adonde se llega por una carretera de 60 kilómetros que es un infierno de hielo y curvas interminables.

Los habitantes de A Fonsagrada tampoco protestaron cuando su alcalde se cambió del PSOE al PP semanas antes de las últimas elecciones municipales. Mario Arias se cansó de repetir en la campana que su nueva militancia traería las inversiones de la Xunta y el argumento parece que surtió efecto, porque los votantes le dieron la mayoría absoluta.

"Si compro una vaca y me sale mala tengo derecho a deshacerme de ella", fue el comentario de un paisano, que reproducen los dirigentes vecinales, para justificar la persecución a un alcalde elegido hace sólo ocho meses. Arias sostiene que la protesta está organizada por un "grupo minoritario" que desde el principio tenía intención de echarle de la alcaldía. "No se esperaban que ganase las elecciones. Ya durante la campaña intentaron desprestigiarme por todos los medios", subraya.

Lo cierto es que en las calles de la capital del municipio es muy dificil encontrar partidarios de Arias. "Yo le voté, pero nos ha vendido, es un traidor", comenta Antonio, 12 años de minero en Asturias y dispuesto a enfrentarse a garrotazos con la Guardia Civil. "Tengo guardadas en casa dos pelotas de goma para hacérselas tragar a Mario en cuanto lo vea".

Al principio, Arias se sumó al encierro popular en la casa consistorial, iniciado el 28 de noviembre. Algunos vecinos habían descubierto revisando publicaciones oficiales que A Fonsagrada no sería capital de comarca en la futura organización territorial de Galicia ni tampoco cabecera de área del servicio de extensión agraria, una entidad que canaliza todas las relaciones entre los labradores y la Administración.

Parecía la prueba definitiva de que los gobernantes habían certificado su desaparición. Las protestas movilizaron a Fraga, que envió un escrito al alcalde notificándole que las reinvidicaciones serían atendidas. Arias se conformó con esta garantía, pero los encerrados exigían fechas concretas.

Para detener el conflicto la Xunta ha recurrido a métodos como llamar por teléfono a los vecinos para convencerles de que depusieran su actitud. La contestación fue una marcha de Santiago de 3.000 personas, que al no ser recibidas por nadie del gabinete de Fraga intentó entrar por la fuerza en la Xunta. "No conocen a este pueblo", afirma un dirigente vecinal, "es tranquilo, pero cuando le atacan lo suyo, hará lo que sea por defenderse".

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Sobre la firma

Xosé Hermida
Es corresponsal parlamentario de EL PAÍS. Anteriormente ejerció como redactor jefe de España y delegado en Brasil y Galicia. Ha pasado también por las secciones de Deportes, Reportajes y El País Semanal. Sus primeros trabajos fueron en el diario El Correo Gallego y en la emisora Radio Galega.

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