España propone a la CE que el fondo de cohesión sea de 487.500 millones al año

El Gobierno español ha presentado a la Comisión Europea un programa de cohesión económica y social en el que se contempla una dotación anual de 487.500 millones de pesetas (3.750 millones de ecus) para el nuevo fondo aprobado en la cumbre de Maastricht el pasado 11 de diciembre. Nuestro país debería beneficiarse de un 62% de esa cantidad en atención a los criterios de población y superficie. La propuesta que analiza la Comisión es mucho menos ambiciosa y plantea el problema de que Valencia y Canarias puedan dejar de pertenecer al grupo de regiones más desfavorecidas, que son las que reciben el grueso de las ayudas comunitarias.

El seminario celebrado el pasado fin de semana por la Comisión Europea en Bruselas no logró un acuerdo sobre el nuevo marco de cohesión para los países pobres de la CE para el período 1993-97. La Comisión, que preside Jacques Delors, espera tener concluida su propuesta el próximo 11 de febrero para que los Doce puedan aprobar el nuevo marco presupuestario de la Comunidad en una cumbre extraordinaria en mayo o en el Consejo Europeo de junio en Lisboa. Además de la cohesión, las nuevas perspectivas financieras deben incluir el coste añadido de las nuevas políticas de la CE, la acción exterior común de los Doce y la reforma de la política agrícola.El principio de solidaridad sancionado en la cumbre de Maastricht obliga a crear un nuevo fondo estatal para infraestructuras de transporte y medio ambiente. Además, los actuales fondos estructurales para las regiones más pobres (objetivo 1) se incrementarán en un 50%. El total de las ayudas regionales de la CE pasaría de 18.000 millones de ecu (2,34 billones de pesetas) previstos para 1993 a 27.000 millones (3,5 billones de pesetas) en 1997. Ese aumento debería permitir duplicar en la práctica las ayudas que reciben las regiones más desfavorecidas (Galicia, Andalucía, Extremadura, las dos Castillas, Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla, Canarias y Valencia, en el caso español). Para ello, España pide que el porcentaje de cofinanciación de la CE en esas regiones pueda ascender "con carácter general" a un 85% del total de los proyectos. Ahora el tope teórico es del 75%, pero en la práctica apenas supera el 50%. La reclamación española se basa en la discriminación comparativa en las ayudas recibidas de la CE con respecto a los otros tres países pobres: Grecia, Irlanda y Portugal. Para los dos primeros países, los fondos CE representan el 6% del PNB y para Portugal suponen la movilización del 30% de las inversiones. El Gobierno español se plantea como objetivo que las ayudas comunitarias pasen del 0,3% del PNB a que ascendieron en 1990 a un 1%.

Presupuesto anual

Este objetivo no se cumple con el borrador que maneja la Comisión Europea. El presupuesto anual de la CE (8,58 billones de pesetas) está sometido al tope del 1,2% del PNB de los 12 países miembros. Para Financiar la cohesión y las nuevas políticas, el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, se había comprometido a proponer elevar ese porcentaje al 1,6% del PNB de los Doce. El colegio de comisarlos baraja sin embargo un tope de entre el 1,35% y el 1,45% de las riqueza de los Doce. Ese límite más reducido obligará a rebajar los objetivos y deja a España sin margen para aspirar a que las transferencias de la CE se acerquen al 1% del PNB.

En cuanto al nuevo fondo de cohesión, el montante de 487.500 millones de pesetas propuesto por España es considerado como "exagerado" por fuentes de la Comisión. Critican además que España haya aumentado la cifra en 32.500 millones en el último mes sin justificación. El Gobierno español propone utilizar únicamente los criterios de población y superficie lo que daría una cuota, respectivamente, del 62% y del 63%.

España había calculado recibir algo más de 300.000 millones al año por el nuevo fondo de cohesión, pero por razones presupuestarias se deberá conformar con menos. Con respecto a los actuales fondos estructurales, el reparto se complicará con la inclusión de los cinco lander de Alemania del Este. Por otra parte, las cifras de riqueza sitúan a Valencia y Canarias por encima del 75% de la media comunitaria, que es el baremo que les permite ser consideradas como regiones del objetivo 1 o más beneficiadas.

Riqueza regional

La situación periférica de Canarias puede ser un argumento para mantenerla en el grupo de privilegiados, aunque para defender Valencia (región muy poblada que recibe el 20% de las ayudas de la CE a España) el Gobierno pretende imponer que sólo se modifique la situación cuando una región supere por tres años el 78% de la riqueza media de la CE. El proyecto español contempla además incluir a Cantabria, cuyo índice de riqueza actual es el 71%.

El paquete de la cohesión se completará con una corrección en las aportaciones de cada país al presupuesto de la CE. El aumento de los ingresos se financiará con un "quinto recurso" de nueva creación, basado en la riqueza relativa. La Comisión propone un mecanismo simple: multiplicar la aportación por el coeficiente 0,8 cuando ese país, como es el caso de España, tiene una riqueza por habitante inferior a la media, o por 1,2 si está por encima. El problema está en que el tope de gastos de la CE (entre el 1,35% y el 1,45% del PNB de los Doce) está sustancialmente muy lejos del mínimo del 1,6% aceptado por el Gobierno para lograr un esquema de cohesión que suprima la discriminación que padece España. El saldo neto de nuestro país con la CE ha pasado de 187.000 millones recibidos en 1989 a 126.300 millones en 1990 y a 71.000 millones previstos para este año.