El Supremo cubano confirma dos de las tres penas capitales

La situación en Cuba fue frecuentemente evocada en los pasillos de la ceremonia de la firma de la paz en El Salvador, sobre todo después de que el Tribunal Supremo de La Habana confirmase el miércoles por la noche (madrugada del jueves en España) las condenas a muerte de dos de los tres exiliados cubanos en Miami, que fueron detenidos el. 29 de diciembre cuando intentaban infiltrarse con armas y explosivos en la isla, según indicaron fuentes diplomáticas., Los condenados a la pena capital son Eduardo Díaz Betancourt, de 38 años, y Daniel Candelario Santovenia, de 36 años, mientras el tercer exiliado, Pedro de la Caridad, de 26 años, ha sido sentenciado a 30 años de cárcel. Otros siete cubanos cinco hombres y dos mujeres residentes en la isla corren también el riesgo de ser condenados a muerte por asesinar hace una semana a tres policías cuando intentaban huir del país rumbo a Florida.

A diferencia de Estados Unidos, donde el portavoz del presidente George Bush, Marlin Fitzwater, pidió públicamente al comandante Fidel Castro que conmutase la pena, las gestiones solicitando clemencia que se han hecho en la capital federal mexicana, donde se encuentra el canciller cubano, Isidoro Malmierca, han sido más discretas.

Eficacia y discreción

Así lo dio a entender el presidente Felipe González a su llegada, el miércoles por la tarde (medianoche en España), al aeropuerto de México. "Me inclino más por la eficacia que por la espectacularidad" afirmó en respuesta a una pregunta sobre un posible llamamiento español a Castro. "Me inclino más por la eficacia, que casi siempre va acompañada de la discreción".Gionzález dejó claro, sin embargo, cuál era su sentimiento. Tras recordar que la Constitución española prohibía la pena de -muerte, comentó: "A mí me gustaría que eso [la ejecución de la condena] se pudiera evitar". Izquierda Unida también se ha pronunciado en este sentido en un comunicado hecho público el miércoles en Madrid.

Hasta el momento, el canciller Malmierca se ha mostrado inflexible. En reiteradas declaraciones sostiene que "la decisión de que les sea aplicada la pena de muerte por fusilamiento es la que debe ser cumplida".

"Se trataba" prosiguió, "de acciones contra la población, ya que se pretendía colocar estos artefactos dinamiteros en lugares públicos, en actos de concentración; se pretendía también dañar a nuestras instalaciones industriales; estos crímenes deben ser pagados con la vida".

Los familiares de los tres sentenciados solicitaron ayer al trabajador español en Washington, Jaime Ojeda, que gestione la intecesión" del Gobierno español ante el régimen del presidente Castro para que se les perdone la vida a los condenados a muerte porque, recordaron, "se rindieron pacíficamente y no hicieron daño a nadie".