La fiscalía sevillana pide al juez Márquez que abra juicio oral contra Juan Guerra por delito fiscal

La Fiscalía de Sevilla remitirá esta semana un dictamen al juez Ángel Márquez en el que solicita la apertura de juicios orales por varios de los delitos investigados en el caso Juan Guerra. La fiscalía estima que ya hay "elementos suficientes" para abrir juicio por delito fiscal contra Juan Guerra y sus socios; por prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas en la venta de terrenos de Ensidesa y por las irregularidades observadas en la concesión de licencias para máquinas tragaperras.

Según las conclusiones de la Fiscalía de Sevilla, no existen motivos para retrasar aún más la apertura de juicio oral en determinados asuntos. Entre ellos, la fiscalía estima que la instrucción está completa y que se han detectado indicios delictivos de fraude fiscal en la actividad de Juan Guerra y sus socios durante los años 1988 y 1989, y en las empresas Corral de la Parra SA y Fracosur. Asimismo, está creditado el delito de falsedad en documentos públicos en estas empresas.El juez Ángel Márquez impuso el 1 de febrero de 1991 fianzas por valor de 1.025 millones a Juan Guerra, Juan José Arenas Casas y Francisco Javier López Martín por delitos de fraude a la Hacienda Pública. A Juan Guerra los informes realizados por Hacienda le atribuyen la defraudación de 48.865.036 pesetas.

La fiscalía pide también la apertura de Juicio oral por delitos de prevaricación. y maquinación para alterar en precio de las cosas por la compra-venta de terrenos en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira. Los terrenos, propiedad de la empresa pública Ensidesa, fueron vendidos a Cimpa -una empresa participada por Juan Guerra- después de que el Ayuntamiento rechazara su recalificación urbanística. Posteriormente, una vez que Cimpa los adquirió, la corporación municipal estableció un acuerdo para su recalificación. En este asunto están implicados varios concejales socialistas.

Igualmente, la fiscalía pide que se concluya la instrucción de la llamada Trama de las Tragaperras, por la que están en libertad bajo fianza el ex delegado de Gobernación de la Junta Francisco Morillo y el empresario Manuel Mora.

La fiscalía pedirá también que se remita a Altea (Alicante), para su investigación en el órgano judicial correspondiente, el asunto relativo a la urbanización Bahía Real, en la que no se ha demostrado la participación de Juan Guerra, aunque sí irregularidades urbanísticas.

Malversación de fondos

De otro lado, los magistrados de la sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se reunirán hoy para deliberar sobre las actuaciones a seguir en las diligencias abiertas contra los aforados Tomás Azorín y Leocadio Marín y contra el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Garrido, y el ex secretario de Alfonso Guerra, Rafael Delgado, imputados de malversación de caudales públicos y prevaricación por su presumible vinculación en el caso Juan Guerra. El tribunal debe decidir sobre la petición de la fiscalía y de la defensa de los implicados, que han solicitado el archivo del caso, informa

Fuentes del alto tribunal andaluz confirmaron, ayer a este periódico que la deliberación se realizará esta mañana, aunque mostraron, sus reservas acerca de que sea factible llegar a un acuerdo hoy mismo. Las mismas fuentes apuntaron la posibilidad de la existencia de "algún problema procesal" que eludieron explicar.

La sala se pronunciará sobre el informe emitido el pasado viernes por el fiscal jefe del TSJA, Luis Portero, quien, en la misma línea planteada por el defensor de los cuatro imputados, Alfonso Martínez del Hoyo, ha solicitado el archivo de las actuaciones contra esos políticos al entender que no ha quedado probada la responsabilidad criminal de ninguno de ellos con respecto al uso de un despacho oficial por parte de Juan Guerra.

El dictamen de Portero se apoya en la convicción de que, de las declaraciones aportadas por los aforados al juez Ángel Márquez, es "imposible" concluir que éstos tuvieran conocimiento "claro y determinante" de que en el despacho de la delegación del Gobierno en Andalucía, Juan Guerra realizase actividades presuntamente ilegítimas y diferentes de las que motivaron su apertura.

El fiscal de Sevilla, Alfredo Flores, comentó que la decisión que tome la sala del TSJA " puede cerrar el curso judicial del caso, aunque seguro que el curso político seguirá abierto".

La sala estará formada por el presidente del TSJA, Juan Ignacio Pérez Alférez -quien recientemente ha mostrado su convicción de que cualquier resolución que se adopte será objeto de polémica- el magistrado Juan José Ruiz Rico -instructor de la parte del caso relacionada con Comasa- y por el magistrado Federico Lázaro Guil, de la sala de lo Contencioso. El magistrado José Cano Barrero no participará al ser el instructor de las diligencias sobre el despacho oficial.