Nunca es tarde si...

LOS BAREMOS para medir el grado de consolidación de un sistema democrático en un país son múltiples y de muy diversa significación. Sin duda el más esencial es aquel por el que se considera a todos los ciudadanos con iguales derechos y deberes. En el ámbito de las Obligaciones tributarias, la falta de equidad entre quienes conforman la sociedad es uno de los aspectos que impedían considerar que España había culminado su transición hacia un sistema democrático. El mantenimiento de activos financieros con el carácter de refugios fiscales suponía una especie de complicidad del Estado con los más insolidarios.Los datos aportados por el secretario de Estado de Hacienda en el balance de la campaña de regularización fiscal que concluyó el último día de 1991 son toda una sorpresa por la magnitud del dinero aflorado: algo más de un billón de pesetas, de los que 880.000 millones de pesetas corresponden al canje de pagarés del Tesoro por deuda especial de baja rentabilidad. A ello hay que añadir los 177.000 millones de pesetas regularizados en el País Vasco y Navarra. Un 60% del total de los pagarés en manos del público ha sido aflorado a efectos fiscales, canjeados mediante la suscripción de esa deuda especial. Hay que tener presente, en todo caso, que algunas de las personas que han suscrito deuda especial lo han podido hacer para evitar una inspección, no porque tuvieran realmente patrimonio oculto o fuentes de dinero negro; para paliar, en definitiva, las irregularidades de sus declaraciones anteriores.

Las consecuencias que se desprenden de estos datos son varias. En primer lugar, parece conseguirse en parte la eliminación de una anomalía histórica de nuestro sistema fiscal, como fue la propiciación por el Ministerio de Hacienda de activos ocultos. Por otra, contribuye a una cierta normalización de la actividad fiscal, ayudando a la consolidación de la equidad en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones y a paliar esa suerte de estratificación de los contribuyentes dependiente de las posibilidades patrimoniales de refugio, es decir, ayuda a reducir la distancia tributaria de quienes declaran a través de las nóminas de la del resto de los ciudadanos. En lo que se refiere al impacto recaudatorio, no es previsible que sea importante o inmediato, puesto que hasta que esa deuda especial suscrita venza, es decir, dentro de seis años, no constituirá base imponible susceptible de ser gravada. Solamente lo regularizado a través de las declaraciones complementarias -170.000 millones de pesetas- puede considerarse como aumento de la base imponible.

Otro efecto digno de mención es el del abaratamiento de la deuda del Estado, en la medida en que la nueva deuda especial devenga un tipo de interés sustancialmente más bajo del habitual, un 2%. A ello hay que añadir el que obliga a la Administración tributaria -a la nueva agencia estatal, de reciente creación- a centrar sus esfuerzos en la localización de las "fuentes vivas de generación" de dinero negro: aquellas que constituyen negocios aparentemente normalizados, no necesariamente ilegales, pero cuya información re levante se mantiene oculta al Fisco. En este sentido, son numerosas las pequeñas y grandes empresas que siguen manteniendo prácticas anómalas susceptibles de producir dinero negro. También obliga a los responsables de la política fiscal a intensificar la lucha contra el fraude en otras figuras impositivas, sobre todo en lo referente al IVA, en donde se ha puesto de manifiesto la existencia de una red mafiosa evidente y escandalosa.

El Ministerio de Hacienda ha de aportar ahora los detalles de esa regularización que, sin necesidad de violar la necesaria discreción, ponga de manifiesto sus orígenes, su amplitud entre sujetos pasivos, la localización geográfica, etcétera. Si todo lo que potencia y consolida las obligaciones y derechos de los ciudadanos es bueno para el sistema democrático, de igual modo lo es la lucha y represión contra el fraude. De ahí la conveniencia de conocer también los futuros planes de actuación de la agencia estatal.