Hormaechea achaca a los funcionarios el origen de su procesamiento

El presidente cántabro, Juan Hormaechea, declaró el sábado pasado con referencia al auto de su procesamiento, dictado el 13 de noviembre, que si hay que exigir alguna responsabilidad, sería exclusiva de los departamentos de intervención y las secretarías generales, de las diversas consejerías del Gobierno de Cantabria. Según fuentes cercanas al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, si se confirmara definitivamente el procesamiento, el juicio oral se celebrará en el transcurso del próximo verano.

Según Hormaechea, la única función que le incumbe como presidente sería la de coordinación y asimismo dar a la acción de gobierno el correspondiente impulso político. "Sólo faltaba", afirmó, "que los presidentes tuvieran que conocer todos los asuntos de que se trata en Consejo". Hormaechea rechazó asimismo que en 1987, cuando accedió a la presidencia, el poder de decidir, para todo lo que hicieran los consejeros, estuviera supeditado a su conocimiento o su voluntad. %Es que alguien puede decir que todo lo que se lleva a los consejos de Gobierno depende de mí?", preguntó Hormaechea.El presidente, militante del Partido Popular, ha vuelto a reiterar, refiriéndose a su procesamiento por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, que nunca, a lo largo de los tres años quepermaneció al frente del anterior Consejo de Gobierno, había sido advertido de posibles irregularidades en los acuerdos.

Sin embargo, el juez Tolosa, en los fundamentos de Derecho del auto de procesamiento, subraya que los hechos y actuaciones administrativas estudiados "evidencian la más absoluta falta de respeto hacia las formalidades de la tramitación administrativa, cuando -no su total ausencia, habiéndose adoptado resoluciones contrarias al ordenamiento jurídico en materias de contratación, adjudicación directa. 0 bien conformes al ordenamiento pero buscando, en claro fraude, una finalidad diferente de la prevista, todo ello en contra de los reiterados criterios e informes-emitidos por los órganos técnicos".

Concretamente, el interventor delegado de la Consejería de Economía, Francisco Reyes,emitió informe contrario, el 17 de enero de 1989, al acuerdo adoptado un mes antes por el Consejo de Gobierno de ampliar la adjudicación de cartelería a la empresa Oyprocansa, a las obras financiadas con aportación de fondos públicos en